Más enrredos jurídicos el lío Palestina-Confamiliares

Parecían agotados los elementos para mantener el choque entre la Alcaldía de Palestina y la Caja de Compensación Familiar de Caldas (Confamiliares). Sin embargo, al litigio judicial se le suma un derecho de petición elevado por el municipio a la misma Caja.

El exalcalde Carlos Alberto Ocampo, quien lleva ocho meses en la cárcel, le solicitó a Confamiliares información sobre lo que considera pruebas necesarias para afrontar la audiencia de juzgamiento, que será del 16 al 20 de abril.

Las partes están en conflicto desde el 2009 ante la pretensión de la Alcaldía de cobrarle a Confamiliares impuesto de espectáculos públicos por el servicio que presta en los centros vacacionales La Rochela y Santágueda, ubicados en jurisdicción de Palestina. 

Con el derecho de petición el exmandatario pedía estados financieros, balances generales, estados de resultados, presupuestos de ingresos y gastos, declaraciones sobre impuestos, entre otros, correspondientes al periodo 2002-2007. Confamiliares respondió que solo podía brindarle información sobre balances generales y estados de resultados.

Ocampo y su defensa deben aportar las pruebas y son quienes las deben solicitar ante la Caja, y no la Juez de Circuito de Conocimiento, como lo ratificó el Tribunal Superior. “...la respuesta de la Caja de Compensación es perversamente clara...”, dice el exfuncionario.

Privado

Confamiliares indica que las cajas son entidades de derecho privado y cita artículos de la Constitución Política, el Código Civil, sentencias y sus estatutos.

Por tal motivo, reitera que solo da explicaciones sobre balances generales y estados de resultados, que son información de conocimiento público.

Agrega que los demás documentos son reserva documental de Confamiliares y no de acceso público. La entidad se respalda en derechos de intimidad, Hábeas data y normas que limitan la circulación de información de las personas, “ya que los datos no tienen vínculo o relación directa y exclusiva con usted (exalcalde)”.

La Caja añade que Ocampo no es afiliado a la entidad y no es autoridad competente para solicitar la información. Concluye que la Constitución desarrolla la garantía de reserva de los documentos privados, salvo excepciones legales que “...para el caso en concreto no aplican”.

Las cosas no paran ahí. El equipo jurídico de Confamiliares dice que está a la espera del fallo de una tutela que interpuso el exalcalde.

El litigio
El Municipio considera que le debe aplicar a la Caja las dos leyes que tratan el cobro de impuesto a espectáculos públicos, que son la 181 de 1995 y la 12 de 1932. Por ese motivo, hace una relación de lo que Confamiliares debería pagarle, año por año, entre el 2004 y el 2008.
* Por la ley 181 de 1995 Palestina cobra, haciendo cuentas entre el 2004 y el 2008, unos $1.097 millones. Lo mismo hizo por la ley 12 de 1932, es decir, otros $1.097 millones.
*La Alcaldía, por cada año, emitió un acto administrativo diciendo cuánto les debieron haber pagado, es decir, son 10 actos en total: cinco por una ley y cinco por la otra.
* A cada uno de los montos totales correspondientes a cada ley ($1.097 millones) le agregaron los honorarios de un abogado y un contador, y por eso cada embargo que le hizo la Alcaldía a la Caja ascendió hasta $1.644 millones.

5 solicitudes
El exalcalde de Palestina Carlos Alberto Ocampo, por medio de derecho de petición, le pidió a Confamiliares los siguientes documentos de las vigencias comprendidas entre el 2002 y el 2007:

1.
Estados financieros, balances generales y estados de resultados.

2.
Presupuestos de ingresos y gastos.

3.
Los auxiliares de las cuentas de ingresos por todos los conceptos.
4.
Las declaraciones de renta.

5.
Las declaraciones sobre el impuesto a las ventas.