Mario Aristizábal le ganó pulso jurídico a exgerente de Inficaldas

CARLOS HERNÁNDEZ
LA PATRIA | MANIZALES

Han pasado dos años y dos meses desde que Luis Bernardo Ocampo renunció a la gerencia de Inficaldas en medio de unas estruendosas declaraciones contra el entonces gobernador Mario Aristizábal.

Siempre que le pedían pruebas sobre las supuestas presiones para direccionar contratos, Ocampo apelaba a su memoria para referirse a encuentros en los que se habrían hecho las sugerencias non sanctas, algo que se convirtió en su talón de aquiles, pues, según dice, fue la falta de pruebas concretas lo que llevó a la Procuraduría a archivar la indagación preliminar que había comenzado.

El exmandatario siempre argumentó que los procesos mencionados por Ocampo ni siquiera habían comenzado cuando este hizo públicas sus denuncias, por lo que no podía hablarse de direccionamiento. Además, negó las presiones y sugerencias referidas por quien fue su subalterno.

La decisión del ente de control disciplinario data de febrero pasado y estuvo en manos de María Consuelo Cruz Mesa, la misma procuradora que el 26 de enero anterior destituyó e inhabilitó a Aristizábal para ocupar cargos públicos por 10 años, tras las irregularidades en el contrato de concesión del chance.

La funcionaria concluyó: “no existen pruebas que comprometan la responsabilidad del implicado Mario Aristizábal Muñoz, en su condición de gobernador de Caldas, relacionadas con un posible direccionamiento de la contratación cuestionada, a favor propio o de terceras personas”. Y agrega: “en la mayoría de los casos ni tan siquiera se ha iniciado un proceso contractual y en otro de ellos se adjudicó a persona diferente a la que el quejoso ostentó debía favorecerse”.

En el fallo incluso se hace referencia a una visita de la entidad a la Gobernación en la que se indagó en la oficina de Aristizábal y en computadores y se halló información relacionada con las quejas, pero esta “en ningún momento” dio pie para despertar sospechas.

Solo, pero orgulloso
Ocampo, en diálogo con LA PATRIA, manifestó que a pesar de la decisión se siente satisfecho porque a partir de sus denuncias se vino una seguidilla de denuncias e investigaciones contra el exmandatario que terminaron con la suspensión por orden de la Contraloría cuatro meses antes de terminar el mandato.

“Trabajé en equipo con la Corporación Cívica de Caldas y nos sentimos muy orgullosos. Junto con ellos también decidí no apelar porque además lo que se viene contra el exgobernador es muy fuerte”.

Lo que le genera un sinsabor es que quienes lo apoyaron en un primer momento en sus denuncias terminaron, dice él, por darle la espalda: “hubo gente que estuvo al lado mío y oyó todo lo que pasó, pero me dejaron solo, les dio temor”. Reconoce que le faltó la fuerza que los documentos le imprimen a las denuncias.

Las seis quejas
A continuación se hace una relación de cada queja que presentó Ocampo junto con la conclusión a la que llegó la Procuraduría:

*Proyecto en Girasoles
La queja
Luis Bernardo Ocampo aseguró que Mario Aristizábal le solicitó que el proyecto de construcción de un hotel y centro de convenciones en el lote Girasoles (antiguo Turcaldas, en Santágueda) se debía realizar con un integrante de la junta directiva de Inficaldas que era dueño de una firma de ingenieros.

Concepto de la Procuraduría
Sobre el lote Girasoles no se ha iniciado ningún procedimiento contractual. Los testimonios no apoyaron al denunciante. Las pruebas favorecen a Aristizábal.

*Proyecto de vivienda en Talleres del Departamento
La queja
Ocampo dice que fue su denuncia mejor sustentada. Manifestó que el gobernador le insistió que adjudicara de manera directa (sin licitación) el contrato para construir el plan de vivienda para los empleados del departamento, que costaba unos $24 mil millones.

Concepto de la Procuraduría
No se evidencia lo denunciado. Más bien, se demuestra que Aristizábal no permitió que continuaran adelante los trámites del proyecto. Se pide compulsar copias para que la Procuraduría de Caldas investigue al entonces secretario de Vivienda, Jorge Iván Giraldo, porque a pesar de que el gobernador había ordenado que se abortara el proyecto, celebró un contrato con la Promotora de Vivienda del Quindío (Proviquindío) para la formulación y ejecución del proyecto. LA PATRIA denunció que ese contrato violó la Ley de Garantías, lo que ratificó luego la Contraloría de Caldas.

*Estructuración financiera para vigencias futuras del plan vial
La queja
Ocampo aseguró que el gobernador le indicaba la forma cómo debía contratar las vigencias futuras.

Concepto de la Procuraduría
Los testimonios recogidos no apoyan la queja. Además no se había adelantado proceso alguno de selección del estructurados financiero.

*Contratación de dos dobles calzadas
La queja
El exgerente de Inficaldas manifestó que le pidieron que direccionara las licitaciones para construir las dobles calzadas Chinchiná-Palestina-Aerocafé y Tres Puertas-Alto del Paisa.

Concepto de la Procuraduría
No se comprueba el direccionamiento porque para la fecha de la queja no se había iniciado ningún proceso de contratación al respecto.

*Selección de banca de inversión para venta de acciones de Terpel
La queja
Según Ocampo, el gobernador le dijo que direccionara el proceso a dos compañías.

Concepto de la Procuraduría
Las firmas a las que se refirió Ocampo no se presentaron. Además, este se contradijo cuando amplió la queja, pues manifestó que la favorecida debía ser otra distinta a las que había nombrado.

*Compra de Plaza de ferias de La Dorada
La queja
Ocampo manifestó que el gobernador le manifestó la importancia de comprarle al Fondo Bufalero del Centro la Plaza de Ferias de La Dorada. Que el gerente del Fondo, Alfonso Bernal, le pidió una cita en la que le manifestó “que tenía un compromiso con el gobernador para pagar una comisión de $200 millones a su padre, Mario Aristizábal Patiño, si hacía la venta”.

Concepto de la Procuraduría
No se demostraron afirmaciones ni hay documentos sobre la venta o la intención de vender la Plaza de Ferias de La Dorada.