Los retos de Marmato después del censo minero

CARLOS HERNÁNDEZ
LA PATRIA | MANIZALES

Quien conozca Marmato no se sorprenderá con los resultados del censo minero que allí adelantó la Gobernación: el nivel de tecnificación es mínimo; la seguridad en las minas es precaria, el manejo ambiental es pobre; a buena parte de los trabajadores no les interesa contar con seguridad social; el nivel de educación de los mineros es bajo, pues desde muy jóvenes, incluso desde niños, eligen los socavones como opción de vida.

Si se analizan estos y otros datos puede afirmarse, por ejemplo, que Luis Aníbal Castro es un ejemplo del minero promedio en el municipio. Tiene 33 años y desde los 15 está metido en los socavones. No terminó el bachillerato. Trabaja entre siete y 12 horas diarias en una mina a la que le arranca el oro con pólvora hechiza. No tiene seguridad social. Vive en unión libre con su compañera, que depende de él, así como sus dos hijos, su madre y un hermano.

La Gobernación, que realizó el estudio con la asesoría del DANE y del Ministerio de Minas, quiere tener el censo como base para implementar programas que cambien este panorama. Por ejemplo, el estudio recomienda mejorar los sistemas de ventilación mecánica en los socavones, definir los procesos de legalización de minas que se encuentran pendientes, formalizar las actividades tradicionales, crear mecanismos para hacer cumplir normas ambientales y fortalecer la economía de los mineros, manteniendo un equilibrio con el medio ambiente.

La pregunta es si esta vez le cumplirán a Marmato, municipio cuyos pobladores, sobre todo los mineros, parecen acostumbrarse al incumplimiento de las promesas oficiales y privadas.
Para la muestra, dos botones cercanos en el tiempo: el gobernador Mario Aristizábal (2008-2011) incluyó en su Plan de Desarrollo la propuesta de formular y ejecutar un Plan de Desarrollo Integral para Marmato. Sin embargo, en los presupuestos consta que esa administración nunca le destinó ni un peso.

La segunda evidencia es que parece incierto, por otra parte, el futuro del Plan de Acción Inmediata (PAI) para ese municipio, iniciativa que lideraba Corpocaldas y que se echó a andar con la colaboración de instituciones entre las que estaba la corporación Aldea Global, que lo formuló. El PAI pretendía solucionar de fondo los problemas ambientales y sociales de la población, no solo los asociados a la minería. No obstante, solo se ejecutaron poco más de $300 millones de los $13 mil millones en que estaba calculada la totalidad del Plan, según Doralice Ortiz, directora de dicha ONG.

Emprendimientos de estos siempre toman en cuenta la necesidad de mantener una minería artesanal responsable, conservar el legado cultural del municipio y hacer que los pequeños mineros se organicen para que dejen la informalidad. Son metas similares a las que se propone ahora, una vez más, la Gobernación, y que pretende desarrollar teniendo como base el Censo Minero.

¿Ahora sí?
El secretario de Gobierno de Caldas, Alfredo Roncancio, de cuyo despacho depende la Delegación Minera de Caldas, aspira a que en el 2015, cuando termine la administración de Guido Echeverri, mínimo el 60 % de las minas cumplan las normas de seguridad, el 40 % del oro de allí se comercialice con valor agregado, y el 80 % la sociedad minera de Marmato tenga nociones de emprenderismo, para generar capacidad de ahorro e inversión.

Al consultarles a dirigentes del municipio se nota que después de las desazones han renovado el optimismo. El alcalde Héctor Jaime Osorio considera que anteriormente faltó entereza para sacar otras iniciativas adelante, y confía en que ahora, con una base certera para trabajar, los objetivos se cumplan.

Mario Tangarife, líder de la Asociación de Mineros de Marmato, que congrega a unos 300 trabajadores, elogia el censo y pide que ahora sí las autoridades pongan los ojos sobre ellos para organizar la minería tradicional. "La multinacional (Gran Colombia Gold) ha querido sacarnos diciendo que somos irresponsables con el medio ambiente. Lo aceptamos, pero la culpa ha sido del Estado, que no nos ha tenido en cuenta. Hacemos lo que nos enseñaron y no sabemos cómo cambiar".

Por la misma línea se va Ulises Lemos, de la Corporación para el Desarrollo de Marmato, para quien el acompañamiento estatal es fundamental, pues no les pueden exigir a los obreros mientras estos vayan al garete.

Ahora bien, ¿qué hace pensar que ahora sí habrá soluciones de fondo? Genera inquietud, por ejemplo, la notable reducción del presupuesto departamental para el sector minero entre 2012 y 2013 (ver infográfico El sube y baja del presupuesto). Roncancio aclara que este será ampliado próximamente con recursos de contraprestaciones mineras que llegaron a finales del 2012.

De todas formas dice que habrá que gestionar con el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería, y admite que los dineros de la administración son escasos. Sobre lo que pretende lograr en cuatro años, concluye: "Uno no puede ser tan iluso de pensar que el Estado es el que moverá la economía. Tiene ciertas funciones, y puede tomar iniciativas y apoyarlas, pero el que tiene que mover eso es el sector privado, que realmente tiene que hacer la inversión".

Qué hacer
Los retos, independientemente de quién los asuma, son enormes. El secretario plantea que se vienen capacitaciones centradas en las peticiones de la comunidad, algo que los líderes y mineros consultados consideran apropiado.

Mónica Ramírez, investigadora del Centro de Estudios Regionales, Cafeteros y Empresariales (Crece) que hizo un estudio sobre los conflictos en Marmato a partir del proyecto de megaminería, considera que el reto más importante es "generar acuerdos sustanciales sobre lo que se quiere a futuro, definir las prioridades de la comunidad y defender sus intereses y valores, pensar en un proyecto colectivo. Esto es muy complejo porque no es fácil llegar a consensos en medio de una discusión sobre el reasentamiento y la implementación de minería a cielo abierto de gran escala, donde está en juego la propia continuidad de la población tal como ha existido durante siglos".

Incluso recuerda que hay retos que están sujetos a políticas nacionales, que pueden tener intereses que no coincidan con los de la comunidad. El secretario de Gobierno da un ejemplo y es que en el Código Minero obliga a una medición de las minas por área, y en Marmato, donde los socavones están uno sobre otro, esto no es posible. Esto termina afectando, por ejemplo, la legalización de títulos. Por eso plantea que le pedirá al Gobierno que en una próxima reforma incluya un capítulo especial para el municipio.

Se trata de procesos a largo plazo que lo único que tienen que hacer es arrancar prontamente, con claridad y definición, sobre todo en un municipio cuyos pobladores se acostumbraron a ver su futuro a través de un vidrio difuso.

LA PATRIA contactó desde el jueves pasado a la empresa Gran Colombia Gold para conocer sus apreciaciones sobre los resultados del censo minero. Allí, al cierre de esta edición, indicaron que la persona encargada no alcanzaba a contestar, por lo que lo harán esta semana.

¿Qué pasará con el PAI?

Wilfor Rincón Arango, subdirector de planeación de Corpocaldas, explica que el Plan de Acción Inmediata para Marmato es un instrumento formulado para contar con alternativas para mejorar las condiciones ambientales y sociales del municipio. "En el 2012 nos reunimos con el nuevo alcalde, que vio la importancia de continuar con la ejecución. Sin embargo, no tuvo mucha ejecutoria el año pasado, además porque eso depende de unos recursos y no se dieron los escenarios para que continuara. Mientras la Alcaldía decida apostarle al PAI, este puede continuar". Es decir, está pendiente la gestión de recursos y la voluntad política. Por ahora Corpocaldas y la Universidad Nacional ejecutarán un contrato para aprovechar el material pétreo resultante de la actividad minera, para generar procesos productivos y recuperación futura de cauces y laderas en donde hoy se arrojan los estériles.