LA PATRIA | MANIZALES
Independiente de las decisiones judiciales o disciplinarias de los entes de control, los caldenses no deben bajar la guardia en la vigilancia de las entidades públicos. Eso concluye Ricardo Leal, especialista en ética pública y gestión pública y profesor en la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), luego de la decisión de la Procuraduría General de la Nación que favoreció al exgobernador Mario Aristizábal.
El profesional explicó que cuando se asume un cargo público los actos deben ser decorosos para que su ejercicio no esté lleno de suspicacias.
"Sobre Aristizábal no nos queda sino acatar, porque no hay una cohesión social que le defina su situación política, pero lo que sí debemos hacer es continuar haciendo veeduría".
Agregó que aunque el mensaje quede mal en la sociedad, el objetivo de los ciudadanos es continuar recavando para que actúen bajo prinicipios éticos, y no bajo la cultura del atajo, porque no todo se vale.
El exmandatario era señalado por supuesto conflicto de intereses y de no haberse declarado impedido para la junta, del 16 de enero del 2006, en la que se firmó un otrosí con Susuerte sobre el manejo del chance, y que supuestamente favoreció a esa empresa en detrimento del patrimonio del Departamento.
Dice la Corporación Cívica
Por otra parte, la Corporación Cívica de Caldas, que interpuso la queja por los presuntos hechos contra el exmandatario a través de Patricia del Pilar Ruiz Vera, pronunció que respetaban la decisión.
Actualmente Ruiz Vera es secretaria de Desarrollo Económico del Departamento, quien manifestó sobre el caso: "Yo en condición de funcionaria pública no puedo pronunciarme al respecto".
Luis Fernando Mejía Franco, gerente de la Corporación Cívica de Caldas, expresó que la institución no es un ente acusador, en cambio respeta la decisión y los órganos de control. "Como fue de última instancia, no hay nada qué hacer y los ciudadanos son los responsables de formarse un criterio de lo que pasó", aclaró Mejía Franco.
Así fueron algunas de las conclusiones de la Procuraduría: lo primero tiene que ver con que el mandatario en su momento no tenía que declararse impedido para nombrar delegada para la junta de la Empresa Departamental de Salud (Edsa) y lo segundo, que Aristizábal no tenía en su momento un conflicto de intereses con Susuerte.
Aristizábal fue destituido e inhabilitado por 10 años por este organismo de control, en una medida tomada en primera instancia, en enero del 2012. En septiembre del 2011, la Contraloría lo suspendió como gobernador, a tan solo tres meses de terminar su mandato.
Mario Aristizábal
En la Procuraduría
Según el registro de casos disciplinarios de la página web de la Procuraduría General de la Nación, el exgobernador de Caldas Mario Aristizábal Muñoz está vinculado en cuatro procesos:
*4 de febrero del 2011
Investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en el manejo de los estados financieros y en el desembolso de anticipos por utilidades de la Industria Licorera de Caldas al Departamento. El último trámite que cursó fue el pasado 26 de septiembre del 2013 en pruebas de descargos.
*10 de marzo del 2010
Para proferir fallo en primera instancia de posible inhabilidad para ejercer cargo público.
*11 de febrero del 2011
Investigación disciplinaria para revisar los procesos contractuales realizados por Aeropalestina o Aerocafé, especificamente los concernientes a los terraplenes 8, 9, y 10.*29 de junio del 2010
Compulsa de copias consistente en investigar disciplinariamente a servidores públicos del departamento por los motivos expuestos en la queja anónima y de acuerdo con el material prueba. El proceso está en trámite para segunda instancia.
Sobre estos casos Aristizábal Muñoz, expresó que no quería profundizar en el tema y que todo lo dejaba en manos de Dios para que la justicia actúe como debe de ser.
Deudor moroso
El Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME), que publica la Contaduría General de la Nación, muestra en su página web a Mario Aristizábal Muñoz, exgobernador de Caldas, reportado como deudor moroso, pues ha incumplido acuerdos de pago con almacenes generales de deposito de la Caja Agraria y Banco Ganadero S.A.
Se entiende por BDME la relación de las personas naturales y jurídicas que tienen obligaciones contraídas con el Estado cuya cuantía supera los 5 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), es decir, los $3 millones 80 mil, y se encuentran en mora por un período superior a seis meses, que consolida la Contaduría General de la Nación con base en la información que trasmiten las entidades públicas a través del sistema CHIP.
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