Óscar Veiman Mejía
LA PATRIA | Manizales
Juan Pablo Alzate ha tenido a la Gobernación de Caldas entre la espada y la pared. Alzate se mantiene en la gerencia de Empocaldas, a pesar de que lo declararon insubsistente y hasta le nombraron a Juan David Peláez como su reemplazo.
Alzate dice que las asambleas de accionistas y juntas directivas en las que se tomaron las dos decisiones se realizaron de manera irregular y, por eso, las actuaciones no son válidas. Por tal motivo, instauró acciones disciplinarias y penales ante organismos de control y la Fiscalía.
Ahora, Alzate también queda entre la espada y la pared, pues, por ejemplo, la Corporación Cívica le pide que permita el empalme con el nuevo gerente. La Contraloría Departamental advierte de un posible daño patrimonial y el gobernador, en un documento preparado para la Fiscalía, dice que todo lo que ha hecho ha sido legal.
Fuera de eso, a Alzate la Procuraduría General de la Nación le abrió investigación por supuestas irregularidades en las contrataciones del 2012.
Supuestas faltas en contratación: Procuraduría
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación en contra de Juan Pablo Alzate, quien se mantiene como gerente de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas (Empocaldas). El caso tiene que ver con supuestas irregularidades en contratación en el 2012. En un mensaje escrito la Procuraduría le solicita al gobernador Julián Gutiérrez abstenerse de investigar disciplinariamente a Alzate, por estas presuntas faltas, para no investigarlo dos veces por la misma causa.
Ante la Fiscalía
Se conoció un documento del gobernador Julián Gutiérrez para la Fiscalía General de la Nación en el que indica que los actos de la asamblea general de accionistas y de la junta directiva de Empocaldas, efectuados en octubre y noviembre, son legales.
Solicita investigación, así como acciones para que cesen las actuaciones de Alzate como gerente y entregue el cargo a Juan David Peláez.
Se ampara en la ley para afirmar: "Si bien los miembros de la junta directiva se eligen para periodos de un año, pueden ser removidos en cualquier tiempo.
Agrega que el revisor fiscal convocó a la reunión extraordinaria de la asamblea de accionistas para el 31 de octubre de 2013, cumpliendo con los cinco días de convocatoria exigidos.
Añade que el gerente no forma parte de la asamblea de accionistas, por no ser accionista, razón por la que Alzate no fue convocado.
La Asamblea eligió nueva junta y como principales quedaron los alcaldes de La Dorada y de Chinchiná, los secretarios de Infraestructura y de Vivienda y el gobernador.
Asegura que el acta de la Asamblea General de Accionistas ingresó al registro mercantil de la Cámara de Comercio de Manizales el 1 de noviembre. "Los nombramientos fueron registrados el 6 de noviembre, según información verbal de la Cámara".
Señala que ese mismo día entró a la Cámara, también según información verbal, un recurso de reposición contra el acto de registro de nombramiento de nueva junta directiva. "...recurso que está en trámite, pero que no afecta las decisiones de la Asamblea de Accionistas", expresa Gutiérrez, basado en la Superintendencia de Sociedades.
El 6 de noviembre, mediante escrito a los 5 miembros principales, se convocó a reunión no presencial para votar la remoción de Alzate, declarando insubsistente su nombramiento, y designando a Peláez.
Explica: "Las reuniones no presenciales de la junta directiva no requieren convocatoria, porque el sitio de la reunión es indiferente. Exigen expresar el sentido del voto por escrito. Todos los miembros deben votar. La falta de votación de alguno de los miembros produce ineficacia de la decisión. En la práctica se utiliza el correo electrónico, el fax o un medio similar que permita demostrar por escrito la decisión". Los 5 miembros aprobaron la proposición.
"Si bien los estatutos de Empocaldas prevén que el cargo de gerente es de un año, los mismos estatutos permiten removerlo en cualquier tiempo, conclusión que se reafirma en los conceptos de la Superintendencia de Sociedades", argumenta el mandatario.
Se agrega que se buscó por varios medios notificar a Alzate sobre la insubsistencia, se le envió a correos, a Empocaldas, a la casa, a la Cámara de Comercio, entre otros, pues no se pudo personalmente.
El 8 de noviembre, el gobernador (E) Gustavo Castañeda suscribió certificación con destino a la Cámara de Comercio para inscribir el nombramiento del nuevo gerente. Afirma que la certificación está a registro de la Cámara de Comercio desde el 8 de noviembre, junto con la carta de aceptación del gerente designado, quien asumió el mismo día.
Acelerar empalme: Corporación Cívica
En una carta la Corporación Cívica de Caldas le expone a Juan Pablo Alzate, quien no ha entregado el cargo de gerente, la preocupación por los hechos derivados de decisiones de la junta.
Le recuerda la decisión de los directivos de removerlo del cargo, a lo que Alzate se ha negado, a pesar de que le nombraron reemplazo. Agrega la importancia de los proyectos que desarrolla la empresa en municipios.
"Para el normal desarrollo de las actividades de la empresa es necesario que
este tipo de transiciones se realice de la manera más ágil y eficiente posible.
Para ello es fundamental que todos los pasos se produzcan de la manera
más transparente, incluidos la entrega de informes y, por supuesto, la
entrega formal del cargo".
Concluye que impedir o dilatar el proceso de empalme no solamente repercute en el funcionamiento general de la entidad, sino que puede acarrearle demoras
injustificadas a las obras y proyectos que se adelantan, generando no solo
dificultades administrativas y legales sino entorpeciendo la ejecución de los
servicios que presta la empresa, en perjuicio de la comunidad en general que
espera soluciones prontas y efectivas.
"Igualmente, y más grave aún, podría acarrearle a la entidad detrimento
patrimonial y responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales".
Ojo con el patrimonio: Contraloría
La Contraloría General de Caldas emitió una función de advertencia a la Junta Directiva y Gerencia de Empocaldas, con el fin de evitar un daño al erario público, debido a la difícil situación administrativa por la que atraviesa la empresa.
El contralor Jorge Wheeler dice que la medida es con el propósito de que se tomen acciones legales que eviten, en un futuro, situaciones que le puedan hacer daño al patrimonio público de la región, por la incertidumbre que posee actualmente esta empresa en cuanto a su representación legal.
Las funciones de advertencia están dentro del sistema de alertas fiscales para vigilar de manera preventiva, informando a los sujetos vigilados los riegos detectados o presentes en los procedimientos u operaciones en ejecución y que ponen en riesgo el patrimonio público. El objetivo es que efectúen los correctivos necesarios.
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