Indígenas quieren tierra y reconocimiento

Andrés Rodelo

LA PATRIA | MANIZALES

El indígena Octavio Guasarave se trasladó al municipio de Filadelfia (Caldas) en el 2008. "Estábamos cansados de vivir en Marsella (Risaralda). Nosotros queríamos cambiar de ambiente", recuerda Narcés, uno de sus 12 hijos, quien habla por su padre de 77 años, hoy aquejado de una sordera que le impide entablar una conversación sin tropiezos.

Octavio, cansado de vivir en casas prestadas de Filadelfia, vendió por 30 millones de pesos una tierra de su propiedad en Marsella e invirtió 17 millones y medio en un terreno de la vereda El Carretero, a diez minutos del casco urbano del municipio, que era de José Leonel Herrera.

El valor total del predio es 23 millones, de allí que el acuerdo estableciera que los 5 millones 500 restantes serían abonados el 30 de octubre del 2009, como figura en el documento de promesa de compraventa firmado entre Herrera y Gonzaga Guasarave (hijo de Octavio) el 28 de enero del 2009 en la Notaría Única de Filadelfia.

Octavio y su familia se establecieron allí (todos emberas chamíes hablantes), pero al cabo de un tiempo decidieron que no pagarían lo adeudado. “Nos estafaron. El vendedor nos prometió que la zona tenía dos hectáreas, pero la medimos y no llegó a una hectárea”, señala Narcés, pese a que el contrato indica en su primera página que la dimensión del lugar es de una hectárea.

Ante el incumplimiento, el monto de la deuda ascendió a 11 millones 300 mil pesos en la actualidad. Herrera interpuso una demanda, que resolvió el 5 de febrero del 2013 la restitución en cinco días del bien inmueble al demandante a través de un fallo del Juzgado Promiscuo Municipal de Filadelfia, exigencia que no cumplieron los demandados.

El 26 de noviembre de ese año, la Policía Nacional procede a desalojar el lugar, pero el proceso se suspende “toda vez que en el sitio (…) no se presentó la logística requerida, consistente en las personas que deberían cargar los enseres y los vehículos en los cuales deberían ser transportadas las pertenencias de las personas”, como señala el acta de diligencia de desalojo firmada ese día.

Leovigildo Cardona, abogado de Herrera, da una razón diferente de por qué no se efectuó el desahucio. “Las autoridades administrativas actúan con cierto temor frente a las comunidades indígenas debido a que estas, ante cualquier eventualidad, acuden a todas las instancias para que las defiendan con el argumento de ser minorías étnicas. Así ocurrió en este caso”.

Por otra parte, Marta Isabel Hernández, coordinadora general del Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec), señala: "Queremos que la Gobernación y la Alcaldía de Filadelfia nos ayuden a subsanar la deuda. Se llegó a puntos de acuerdo, pero no se ha podido materializar el pago".

La Gobernación de Caldas no puede saldar la deuda, pues se trata de un lío entre particulares, dice Martín Augusto Durán, secretario de Integración y Desarrollo Social departamental, quien añade: "Estamos gestionando un terreno con el Incoder para reubicar a estas personas en una zona rural de Filadelfia. Esperamos una segunda visita de la entidad para continuar con el trámite”.

Presuntos ataques

“Nos han querido quemar las casas. No sabemos quiénes”, afirma Roberto Calambas, gobernador del asentamiento El Palmar, como se llama. Se refiere a dos supuestos intentos de quemar las cuatro viviendas de bahareque del lugar, ocurridos en las noches del 1 de marzo y 25 de abril pasados.

Calambas asegura que vio a un hombre encapuchado durante uno de los dos ataques y que el 25 de abril alguien amarró una puerta de una casa con el interés, al parecer, de que las personas que estaban adentro no pudieran escapar de las llamas.

“Estuvimos con la Policía y el Cuerpo de Bomberos haciendo un acompañamiento a las personas que viven allí para verificar que el incidente no haya sido cometido por manos criminales. Todo es materia de investigación”, expresa Janet Orozco, secretaria de Gobierno de Filadelfia.

Dicha pesquisa ya arrojó unos resultados. El coronel Luis Antonio Duarte, comandante de la Policía de Caldas, informó: “Se estableció que fueron las mismas personas de las viviendas las que provocaron la conflagración. Está desvirtuado que el incendio haya sido producto de un atentado”.

Entretanto, Calambas niega el dictamen. “¿Cómo vamos a quemar nuestras cosas, si es lo único que tenemos?, ¿en dónde vamos a vivir luego?”, dice.

"Lo que nos preocupa es que sean actos de discriminación y xenofobia en contra de esta población vulnerable. Pedimos a las entidades correspondientes que tomen acciones", expresa Hernández.

Quieren  parcialidad

La dirección étnica del Ministerio del Interior envió en julio del 2014 una delegación para hacer un estudio etnológico durante el proceso de reconocimiento de la población como parcialidad indígena. "Dijeron que en tres meses nos daban el diagnóstico, pero seguimos esperando", sostiene Hernández, quien añade que en abril de este año hubo otra inspección, en la que les aseguraron que la conclusión del estudio estaría lista antes de finalizar ese mes, lo que no ocurrió.

La coordinadora general del Cridec dice que el reconocimiento sería un primer paso para dignificar las condiciones de hacinamiento y pobreza en las que viven las 35 personas, pues tendrían derechos especiales de comunidad indígena y acceso a programas del Gobierno.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo sobre el tema: "La rapidez o lentitud de estos diagnósticos dependen del cumplimiento de unas normas que otorgan dicho aval. Estamos trabajando para apoyar a esas poblaciones que no gozan de este estatus".  

Así viven

"Yo estaba aquí en una pieza prestada, pero me aburrí", afirma la indígena Luz Eny Guasarave, de 37 años. Ella vivía en el asentamiento El Palmar, en donde compartía una habitación con su esposo y sus seis hijos hasta que el hacinamiento los obligó a mudarse a una vivienda prestada de la zona. "Lo único que queremos es que nos den una buena tierrita", dice conmovida.

Para llegar al predio de la disputa se toma un camino ubicado a la derecha de la carretera de la vereda El Carretero. Se desciende por un sendero que atraviesa un cultivo de maíz hasta toparse con el lote, que alberga cuatro viviendas de bahareque y tabla parada, semicubiertas con carpas de plástico y costales.

La tierra es el piso de algunas casas. Solo otras tienen suelo pavimentado. Las mujeres cocinan en fogones de concreto y los hombres, en edad de trabajar, sostienen a sus familias como jornaleros. Por todo el lugar cuelgan alambres que sostienen la ropa de los habitantes y, debajo de estos, la basura y los excrementos de perros se agolpan en la superficie. "Ellos deben acercarse a las instalaciones de la empresa de aseo y pagar por el servicio", indica la secretaria Janet Orozco.

Los Guasarave crecieron, pues indígenas procedentes de municipios como Restrepo (Valle del Cauca) y Sevilla (Valle del Cauca) han tenido hijos con miembros de la familia y viven en el lugar.

Los parámetros de reconocimiento

La Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior evalúa los siguientes factores de las poblaciones interesadas en ser reconocidas como comunidades indígenas.

- Elementos colectivos.

- Lengua.

- Elementos de sangre.

- Formas de vida corporativa.

- Autoridades propias.

- Cosmovisión.

"En la actualidad hay muchos procesos de solicitudes represados", reconoció Pedro Posada, director de la Dirección.