Esta vez tutela favoreció al gerente antiguo de Empocaldas

LA PATRIA | Manizales

Lo que le impide a Juan David Peláez asumir como gerente de Empocaldas no es  la presencia en el cargo de Juan Pablo Alzate.  Eso lo dice el Juzgado Octavo Civil Municipal, el cual explica que la razón tiene que ver es con trámites administrativos adicionales al nombramiento y posesión de Peláez que no le permiten el ejercicio de la representación legal de la entidad. 
El Juzgado decidió no tutelar los derechos al libre desarrollo de la personalidad y del trabajo invocados por Peláez, a quien una nueva junta de la entidad lo nombró como gerente en noviembre pasado. Esa misma junta declaró antes como insubsistente el nombramiento de Alzate, quien llegó al cargo en enero del 2012.
Peláez interpuso la acción ante lo que califica como usurpación de funciones por Alzate. Además, exigía el derecho al libre desarrollo de la personalidad que considera ha venido siendo violentado por las actuaciones de Alzate en su contra y contra la Gobernación.
Pelaéz sañaló: "Alzate sin ser el gerente de esa entidad está ejerciendo funciones públicas que no le son propias, igualmente está haciendo uso indebido o ilegítimo de activos propiedad del Estado en cabeza de Empocaldas...".  

Sin acceso
El Juzgado determinó no acceder a la medida provisional solicitada porque no encontró la configuración de un perjuicio irremediable que demandara la protección inmediata de los derechos solicitados.
La juez indica que la tutela no es el mecanismo idóneo para este caso, ya que se trata de un asunto meramente legal, que no alcanza la órbita de los derechos humanos.
La pugna por la Gerencia de Empocaldas sigue mano a mano, pues en noviembre pasado a Alzate tampoco le tutelaron los derechos al trabajo, vida digna, salud, debido proceso y acceso a la justicia, entre otros, en una acción contra el gobernador Julián Gutiérrez; la secretaria Jurídica, María Cristina Uribe, y Peláez.
El Juzgado Sexto concluyó que en términos generales se encuentra frente a un conjunto de actos que gozan de presunción de legalidad, respeto de los cuales se están ejerciendo los recursos de reposición y apelación ante el órgano competente. "... y una vez agotada la vía gubernativa, se pueden someter a los procedimientos ordinarios propios de la jurisdicción administrativa, para que allí se determine su eficacia o nulidad".
En la negación de la tutela a Alzate, como en la de Peláez se explica que no se configura un perjuicio irremediable que torne procedente la tutela.
La lucha continúa por la gerencia de una empresa que tiene cerca de 250 funcionarios y atiende el alcantarillado y acueducto de 20 municipios y 4 centros poblados. Por ahora, Juan Pablo Alzate sigue despachando desde la sede central en el barrio Milán, y Juan David Peláez desde la Gobernación.

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