LA PATRIA | MANIZALES
La Procuraduría Departamental de Caldas, la Defensoría del Pueblo, la Personería de Manizales y la Procuraduría Provincial radicaron ayer ante el Tribunal Administrativo de Caldas una acción de tutela en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el propósito de que las personas que se encuentran privadas de la libertad y aún no tienen resuelta su situación jurídica puedan votar en las elecciones del domingo.
El procurador de Caldas, Ernesto Amézquita, informó que la idea es que la Registraduría envíe funcionarios a la cárcel para que quienes estén habilitados para votar puedan hacerlo.
Tulia Elena Hernández, personera de Manizales, recalcó que muchas personas que están privadas de la libertad no han perdido sus derechos civiles y políticos, al no haber recibido aún una sentencia condenatoria.
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