
LA PATRIA | MANIZALES
Desorden en los sistemas financieros y en el control a la inversión del gasto son algunos de los hallazgos que la Contraloría General de Caldas ha encontrado en la Gobernación, alcaldías, entes descentralizados y hospitales de los municipios de Caldas.
El contralor departamental Jorge Éber Wheeler, expresa que sumado a los hallazgos han encontrado que las entidades atienden poco los llamados de la Contraloría y por eso buscarán los mecanismos y apoyo en la Procuraduría para que los funcionarios que no presten atención a las advertencias sean removidos de sus cargos.
También argumenta que en las grandes entidades del departamento hace falta una oficina de planeación que se encargue de tener un manejo adecuado de la ordenación del gasto. LA PATRIA dialogó con Wheeler sobre las auditorías y hallazgos.
De frente
¿Cuál es el balance de las auditorías a la Gobernación?
Le ha quedado a la Contraloría una preocupación porque se ha encontrado una desorganización muy alta. Esto se ha expresado con hallazgos fiscales, penales, disciplinarios y administrativos. Se le hizo saber al gobernador y a los secretarios la necesidad de fortalecer el tema de control interno en la Gobernación.
¿Estos llamados vienen desde antes?
Hemos dicho que si al sistema de control interno y a los manejos de las diferentes secretarías les hubieran puesto cuidado a los llamados de la Contraloría, a lo mejor la Gobernación no habría incursionado en Ley 550. Desde hace años todos los llamados han sido negativos.
¿Esas auditorías en qué consistieron?
Hicimos una auditoría financiera y encontramos varios hallazgos de tipo administrativo que hacen tránsito a un plan de mejoramiento, también hallazgos fiscales. Quiero llamar la atención y decir que en la Gobernación y entidades no ha habido una cultura de control que permita que a los hallazgos se les de mejora y cumplimiento.
¿En qué secretarías hacen más vigilancia?
Gobierno, Secretaría General, de Agricultura, Planeación y Cultura. Nos parece responsable que haya un bosquejo de cómo termina la administración de Guido Echeverri y que cuando llegue un nuevo gobernador nosotros podamos tener un informe de cómo se ha venido invirtiendo el presupuesto.
¿En qué otras secretarías?
En Infraestructura por el tema de los combos de maquinaria que lo hicieron con una empresa de Belén de Umbría, allí no preocupa que sea con otro departamento, sino que la modalidad contractual no fue la indicada porque se utilizó un convenio interadministrativo entre dos entidades públicas. La función tuvo que ver con el señalamiento de que la capacidad de esa entidad no aguantaba el peso para contratos de más de $15 mil millones que van a tener los combos durante la vigencia 2013.
¿En los entes también hay hallazgos?
Inficaldas, Empocaldas y en la Licorera encontramos situaciones recurrentes. En estas entidades no ha habido un manejo de planes de mejoramiento y de atención a las recomendaciones que hace la Contraloría desde años atrás, eso ha generado la desorganización administrativa.
¿Qué medidas tomarán entonces?
Solicitud a la Procuraduría para suspensión de funcionarios, porque tenemos que buscar mecanismos que permitan que el control avance y se fortalezca y que exista una verdadera cultura en los funcionarios públicos y por lo menos con el tiempo mostremos una cara distinta en estos procesos.
Más controles
¿Cómo van las auditorías en La Dorada?
Instalamos siete auditorías en este municipio debido a que es el más grande después de Manizales y ha tenido siempre los puntos más altos de riesgo en el departamento. Son financieras y de contratación que hacen 12 funcionarios a la empresa de servicios públicos, al hospital San Félix y en el Fondo de Vivienda Popular. En poco tiempo se darán a conocer los resultados. Luego seguimos en hospitales y alcaldías de Belalcázar y San José.
¿En esta ley de garantías que harán?
Tenemos que hacer mucho seguimiento porque las entidades no se pueden mover en el mismo marco contractual, los contratos deberán ser de manera justificada. Preocupa que vamos a estar mucho tiempo en ley de garantías y hacemos un llamado a los servidores públicos encargados de la ordenación del gasto porque esto puede tener una afectación en los proyectos grandes y pequeños del Departamento. Tenemos la obligación de hacer seguimiento a las 82 entidades que vigilamos para darle un estricto cumplimento a esta ley.
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