Desalojados en Villamaría: sin casa, sin predio y sin a dónde ir

CARLOS HERNÁNDEZ

LA PATRIA | MANIZALES

No fue fácil construir estas casas. A lo sumo una semana al sol, al agua y, lo aseguran unos, aguantando hambre. Fue hace cerca de un mes. Éver Hernando Jiménez agrega que trasnochó y fió alrededor de un millón de pesos en la madera, para que ayer todo se fuera al piso, cuando desalojaron a al menos 21 familias por asentarse ilegalmente en un terreno privado de Villamaría. La administración actuó luego de que el dueño del predio demandó al alcalde, como este mismo lo confirmó.

“Además este es un lote que está en alto riesgo y no es habitable”, indica Jairo Antonio Valencia, el mandatario. “Uno entiende la angustia de la gente, pero si ocurre una tragedia al primero que le caen es a mí”. Viviana Pineda, que vivía en un rancho con su esposo y dos hijos, niega el peligro y para ello señala la construcción, que considera consistente, sostenida en guaduas largas sobre un escarpe lindante con el río Chinchiná.

También se queja porque el lugar, ubicado en el barrio Santa Ana, sector de La Carrilera, no parecía tener doliente antes de la llegada de ella y sus vecinos. “Nadie le ponía mano a esto. Era un potrero. Llegamos, se quejaron los ricos y ahí sí sacaron a los pobres”.

Y es precisamente esa condición, la de pobres, la que toman como justificación para levantar casa donde puedan, así no deban. El esposo de Viviana, Islaín Ospina, es epiléptico, por lo que se le dificulta mantener estable en su trabajo. La mayoría recuerda que pagaba arriendo en casas cercanas, pero se retrasaron más allá de lo tolerable por los dueños de las casas y debieron salir.

Ella concluye: “ya ni regresar allá”. La Alcaldía les ofreció $200 mil para un mes de arriendo. Ella interpela, haciendo referencia a lo efímero que puede ser ese dinero: “un arriendo un mes es como ganarse un chance”. Así que, al preguntarle a Islaín para dónde se irían una vez concluyera la diligencia de ayer, cruzado de brazos solo pudo alzar los hombros y pronunciar: “Jummm”.

Las invasiones
La Policía estuvo presente mientras se adelantó el proceso, temiendo que el disgusto de la gente caldeara los ánimos. No fue así, pues accedieron a que obreros que contrató la administración se encargaran del derribo de las casas. El malestar, sin embargo, era evidente. Además de que no tenían claro para dónde irse, se preguntaban por qué eran ellos los perjudicados sabiendo que en Santa Ana hay más invasiones.

El alcalde denunció que en administraciones anteriores dejaban invadir predios públicos y hasta guiaban a la gente para indicarles en qué lotes ubicarse, así estuvieran destinados a vivir en condiciones paupérrimas. A esto se le suma que la Chec ha legalizado conexiones eléctricas, algo que hace la estadía menos penosa (ver recuadro ¿Por qué tienen energía eléctrica?).

“Hace unos seis años la necesidad de viviendas en Villamaría era de 80”, apunta el mandatario Valencia. “Ahora ese número es de 500”. Incluso asegura que habitantes de Manizales han llegado a engrosar las estadísticas.

La salida es complicada, pues estructurar planes de vivienda es difícil. En el momento hay dos en curso, llamados Nueva Esperanza 1 y 2, que beneficiarán a unas 270 familias. Están incluidas, por ejemplo, las cerca de 60 personas que habitan el lote conocido como La Granja, a un costado del Instituto Villamaría. También vivían en Santa Ana, hasta que el 27 de febrero del 2010 un incendio acabó con los ranchos. Tenían cartas cheque para acceder a vivienda nueva, documentos que han guardado celosamente para no perder su derecho a una casa digna.

Quienes desalojaron ayer tienen la posibilidad de quedar incluidos en un nuevo plan de vivienda, algo que, ellos dijeron saberlo, es demorado. Por eso el pesimismo se mantiene.