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Sede de Empocaldas en el barrio Milán de Manizales.
LA PATRIA | Manizales
La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas (Empocaldas) terminó el 2013 y comenzó el 2014 con el absurdo caso de dos personas que aseguran ser el gerente de la entidad. A eso se suma que ahora ambos chocan por contratación.
La situación marca parte de la agitada agenda que tiene el gobernador Julián Gutiérrez al comienzo del presente año. La lucha es por la gerencia de una empresa que tiene cerca de 250 funcionarios y atiende el alcantarillado y acueducto de 20 municipios y 4 centros poblados, además de millonarios contratos.
La Superitendencia de Industria y Comercio ratificó la inscripción de la nueva junta, como lo informó LA PATRIA el domingo pasado. La súper confirmó la decisión de la Cámara de Comercio de Manizales que inscribió esa junta el 6 de noviembre pasado.
Sin embargo, Juan Pablo Alzate, quien asumió en enero del 2012, aún despacha desde la sede central en el barrio Milán. Entre tanto, Juan David Peláez, nombrado por el gobernador en noviembre pasado, despacha desde la Gobernación.
Pide suspensión del gobernador
Juan Pablo Alzate, uno de los dos gerentes que hoy tiene Empocaldas, manifiesta que no hay lugar para discusiones sobre el cargo que ocupa; asevera que es el único en posesión y que la "nueva junta y supuesto nuevo gerente (Juan David Peláez) no son legales". Explica que solo él, como representante legal inscrito y certificado por la Cámara de Comercio (aún vigente en documento del 14 de enero del 2014), tiene competencia para convocar a junta, presentar propuestas para decisión, recoger esas decisiones y firmar actas; por lo tanto "las decisiones que tomó la junta del Gobernador, incluida la que me declaraba insubsistente, no son legales".
Para respaldar su posición, Alzate instauró denuncia penal (10 de enero pasado) por el delito de usurpación de funciones públicas, contra Juan David Peláez; se basa en que Peláez "está firmando como gerente (acta del 28 de noviembre del 2013) y representante legal de Empocaldas, cuando ya se explicó para todos los efectos legales que él no puede es el representante legal de la empresa". Enfatiza otras irregularidades como que el acta en la que se le declaraba insubsistencia, se presentó sin número ante la Cámara de Comercio y firmada por Peláez.
Además del recurso penal, elevó denuncia de orden disciplinario ante la Procuraduría, contra el gobernador Julián Gutiérrez. En esta solicita que se le imponga suspensión del cargo al mandatario, entre otros, por: "maltrato, persecución, acoso laboral y por citar una junta directiva (a través de la Secretaría Jurídica) sin estar inscrita ni vigente, contrariando los estatutos de la empresa".
Cuestiona contrato
Juan David Peláez tiene doble argumento para insistir en que es él quien gerencia Empocaldas. Por un lado, dice que la Superintendencia avaló la inscripción de la nueva junta, hecho cumplido el 6 de noviembre. Ese día, una vez efectuado el trámite, la junta decidió declarar insubsistente a Juan Pablo Alzate y nombró a Peláez.
"Lo que están ratificando ahora es la inscripción de una junta, pero también las decisiones. Ahora, la Cámara deberá inscribir mi nombre como gerente, pues esto estaba suspendido mientras se resolvía la legalidad de la junta", añade.
Agrega que Alzate asumió como gerente de Empocaldas en calidad de funcionario de libre nombramiento y remoción. "Está claro que a él lo removieron del cargo. A mí me nombraron y posesionaron con los requisitos cumplidos".
Ahora la Cámara de Comercio, una vez reciba la resolución de la Súper que avaló la inscripción de la nueva junta, deberá definir la inscripción del nuevo gerente.
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El contrato cuestionado
Juan David Peláez dice que no está de acuerdo en la manera como se contrato un nuevo software para Empocaldas. Dice que Juan Pablo Alzate no tuvo en cuenta una auditoría de sistemas de información.
"La recomendación era que se contratará un sofware integral para las áreas financiera y comercial. Sin embargo, Alzate partió la licitación en dos y por eso la información seguirá siendo sin integralidad y poco segura", indica Peláez.
Agrega que se cambiaron los requisitos para que, una vez se dividiera la licitación, en la de financiera no se exigiera por ejemplo experiencia en empresas de servicios públicos.
Peláez se basa en la auditoría que indica que los sistemas de información de la empresa no cumplen con la integralidad y seguridad. En el informe se sugiere que en las futuras adquisiciones se tengan en cuenta ambos aspectos.
El 26 de noviembre se abrió la licitación para la adquisición del llamado módulo financiero. Se presentaron dos propuestas, una de la empresa gestión Municipal y otra de DSI S.A. El 16 de diciembre el comité evaluador recomendó adjudicar la licitación a DSI.
El 26 de diciembre, la Contraloría de Caldas emitió una función de advertencia en el que señala falta de planeación en los procesos precontractuales. Es importante la integración de la solución financiera y comercial en una única plataforma que garantice la integralidad, veracidad, confiabilidad, legalidad y seguridad de la información de la entidad.
Por eso, Empocladas decide esperar 10 días para un nuevo concepto de la Contraloría, la cual responde palabras más palabras menos que su labor es advertir, pero no ordenar. La empresa consulta a un tercero sobre la viabilidad técnica y al final decide adjudicar el contrato a DSI por $220 millones. "Comprar el software completo implicaba unos costos muy altos que no estamos dispuestos a generar. Lo más importante para la empresa es cuidar el presupuesto que se tiene y que se ha venido asegurando en mi gestión", expresó Alzate.
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