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El sector central de la Gobernación suscribió 718 contratos en el 2013 por cerca de $60 mil millones.
De cada 100 contratos que firmó la Gobernación de Caldas, entes descentralizados y territoriales en el 2013, 73 los hizo de manera directa. La observación la hizo la Contraloría General del Departamento a manera de advertencia, ya que se estaría poniendo en riesgo el patrimonio público.
La entidad agrega que esta es una manera de evitar el control posterior. El año pasado las instituciones mencionadas firmaron 16 mil 239 contratos, de los cuales 11 mil 367 fueron directos.
En pesos, la contratación directa ascendió a $325 mil 686 millones de los $486 mil 692 millones auditados por la Contraloría el año pasado. De acuerdo con el informe, se destinaron $161 mil 6 millones a contratos mediante licitación.
Los principales contratantes directos, según el informe, están agrupados en las denominadas grandes entidades (Inficaldas, Dirección Territorial de Salud, Hospital Santa Sofía, entre otros) y las alcaldías.
Cada una firmó contratos por cerca de $171 mil millones. La segunda fue la que más volumen registró (7 mil 410 contratos), frente a mil 998 de las grandes entidades.
La modalidad de contratación directa es opuesta a la licitación. La ley especifica en que casos se puede recurrir a la figura, entre ellos cuando la inversión requerida sea de menor cuantía y los convenios interadministrativos.
En materia de Defensa, ciencia y tecnología también es permitido contratar de manera directa, así como para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (ver recuadro) y la realización de obras artísticas que solo pueda realizar una persona natural.
Otra área en la que se puede hacer es para contratar empréstitos, encargos fiduciarios o reestructuración de pasivos contemplado en la Ley 550 o ley de quiebras.
La Contraloría de Caldas solicitó respuestas a las entidades sobre las cifras de contratación directa. En el informe se alude a la causal de prestación de servicios y apoyo a la gestión, que se agrupan en dos razones:
1. Las entidades sujetos de control requieren aumentar las plantas de personal por no contar con las suficientes para su funcionamiento.
2. Las entidades adelantan actividades que no son propias del funcionamiento de estas instituciones, bajo la modalidad de prestación de servicios y apoyo a la gestión.
Sin embargo, se mantienen las preocupaciones expresadas por la Contraloría de Caldas e insiste en que se puede arriesgar el patrimonio público, porque esos contratos de prestación de servicios pueden convertirse en "contratos realidad", si al vinculado se le llega a exigir cumplimiento de funciones que requieran dedicación te tiempo completo.
Por otro lado, está el riesgo adicional de violar la ley usando un contrato directo en vez de uno que requiera convocatoria pública de acuerdo con su objeto.
El 2013 fue atípico en materia administrativa para Caldas, ya que hubo dos gobernadores en propiedad y uno encargado. El Consejo de Estado declaró nula la elección de Guido Echeverri Piedrahíta, por lo que dejó el cargo en mayo. Posteriormente estuvo como encargado Juan Martín Hoyos hasta agosto, luego asumió Julián Gutiérrez Botero, elegido por votación y actualmente en ejercicio.
Echeverri Piedrahíta, quien labora en Bogotá, le dijo a LA PATRIA que desconoce el informe de la Contraloría. Él respondió que la contratación en su administración fue muy reducida por efectos de la Ley 550. Sin embargo, los actos contractuales que se realizaron se publicaron en página web.
Agregó que lo más importante de que se haga contratación por convocatoria o directa es que sea transparente. En este sentido advirtió que la segunda no se puede considerar mala de por sí.
Sobre la observación de la Contraloría, que afirma que se dificulta el control posterior, dijo que por el contrario es a posteriori que el ente tiene mayor facilidad para mirar si hubo irregularidades.
Juan Carlos Gómez Montoya, secretario general de la actual Administración departamental, es decir de la de Julián Gutiérrez, se refirió al informe de la Contraloría señalando que le falta ser más específico. Montoya fue delegado para asuntos de contratación hasta diciembre del 2013.
Anotó que en el inicio de la Administración se reunieron con la Contraloría, que en esa ocasión les hizo la misma observación. Agregó que el lineamiento del mandatario seccional es hacer público todos los contratos.
Indicó que para la vigencia actual se constituyó un comité de contratación que se reúne cada 15 días de manera ordinaria para revisar los requirimientos de las secretarías.
Por otro lado, advirtió que en la parte final del año pasado la contratación fue reducida, debido a que la prioridad fue la elaboración del presupuesto 2014 y del Plan de Desarrollo para lo que resta del período.
Finalmente coincidió con Echeverri Piedrahíta en cuanto a la concepción de la contratación directa y señaló que no se debe satanizar, porque si está en la ley se puede y se debe aplicar en muchos casos.
$173
mil 191 millones contrataron las entidades grandes (ILC, Hospital Santa Sofía, Dirección Territorial, Empocaldas, Inficaldas, Zona Franca Andina)
$173
mil 816 millones contrataron las entidades territoriales.
$67
mil 40 millones contrataron las Empresas Sociales del Estado.
$60
mil 629 millones contrató el Departamento.
$8
mil 98 millones contrataron las empresas de servicios públicos.
$3
mil 316 es la contratación de otras entidades.
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