Concejo de Anserma estudiará posible alivio para el predial

ALBEIRO RUDAS
LA PATRIA | ANSERMA

El alcalde de Anserma, Jorge Iván Duque, anunció que invitará al Concejo a que estudie un proyecto de acuerdo que estipule alivios tributarios y modifique la actual tasa de cobro del impuesto predial, que aumentó este año hasta el 40 por ciento en algunos casos después de que en la administración anterior se cobró durante tres años más barato de lo que se podía.

El compromiso lo asumió durante un informe de gestión en el que estuvo presente el contralor departamental, Jorge Éber Wheeler, quien la semana pasada le envió al mandatario una función de advertencia en la que calculaba un presunto detrimento patrimonial de unos $1.500 millones, que fue lo que se dejó de cobrar (ver recuadro ¿Para qué sirve?).

La posición del contralor es que la administración debe recuperar el dinero, así el error lo haya cometido el anterior alcalde. También indicó que la función de advertencia obliga a adoptar una política de austeridad y planeación del gasto público, y que por ahora se debe cobrar lo que es, mientras el Concejo define nuevas tasas e incentivos para los ciudadanos.

El municipio está acogido a la Ley de 550 o de quiebras, debido a la difícil situación financiera.

Encontrados
Dos políticos influyentes en el municipio entraron a terciar. El senador Mauricio Lizcano, del Partido de la U, considera que “hay un interesante debate jurídico”, pues mientras la Contraloría invita a que se recupere lo que se dejó de percibir, él cree que no tiene ningún sentido que ahora le cobren a la gente lo que le dejaron de cobrar en el pasado.

“Jurídicamente esto no tiene ningún asidero y no es sustentable, sobre todo ahora que la gente tiene su paz y salvo. La ley no es retroactiva y los errores u omisiones del Estado no pueden castigar al ciudadano”, agregó durante una visita al municipio.

El exsenador conservador Ómar Yepes, a su vez, opinó en Anserma que hay que valorar la disposición del alcalde (avalado en elecciones por la línea yepista conservadora) y del Concejo para regular la situación, y agregó: “se ha legislado procurando que los avalúos de los bienes guarden proximidad con el valor real de los mismos, a efecto de que la participación ciudadana en impuestos guarde proporción con lo que se tiene. Lo que debe quedar claro es que el Estado trabaja en la medida de lo que recaude. Si queremos mejor salud, vías, recreación y educación, pues tenemos que hacer esos aportes a través de los impuestos”.

Juan Carlos Montoya, presidente del Concejo, manifestó que, en todo caso, próximamente comenzará la discusión sobre un posible alivio y rebaja de intereses para los contribuyentes atrasados, así como de beneficios para quienes paguen oportunamente.

¿Para que sirve?
A la función de advertencia que el contralor Jorge Éber Wheeler le envió a la Alcaldía de Anserma se le suman una para la Industria Licorera de Caldas por la interinidad en la gerencia, proceso que ya se surtió; otra para Inficaldas por la demora en las obras del cable aéreo Manizales-Villamaría, y otra para la Territorial de Salud de Caldas por dos contratos para el suministro de medicamentos en los que presuntamente había sobrecostos.

A excepción del caso de la destilería, se llama la atención por presuntos detrimentos patrimoniales.

La función de advertencia es un recurso que permite alertar “sobre operaciones o procesos en ejecución para prever graves riesgos que comprometan el patrimonio público”, de acuerdo con la norma que lo regula (Decreto ley 267 del 2000).

En un concepto del 2011, el director de la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República, Rafael Enrique Romero, explicó que dicha figura también le permite al ente de control invitar a revaluar la forma como se está ejerciendo la gestión. De todas formas se hace claridad en que la institución advertida es libre de hacer caso ante la alerta.