MARTHA LUCÍA GÓMEZ
LA PATRIA | MANIZALES
En los diálogo virtuales que la Comisión de la Verdad abrió para víctimas del conflicto armado escuchó a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras de Antioquia y el Eje Cafetero.
Miladis Cardona, enlace para el diálogo social territorial en Urabá (Antioquia), dirigió la Uramba, práctica en la que los pueblos afrodescendientes se encuentran para compartir y hablar sobre lo que los afecta; como el racismo, la discriminación y la inequidad que anteceden al conflicto armado.
La comisionada María Ángela Salazar, radicada en Apartadó (Antioquia), invitó a hacer visible lo que siempre ha sido invisible: las afectaciones en el cuerpo, en la mente y en la forma de vida.
Impactos
Glenis María Gómez, representante de Turbo (Antioquia) ante el Consejo Nacional de Cultura, dijo que el desplazamiento en su mayoría lo ha sufrido la población afrodescendiente, generando desarraigo del que no es fácil salir por el cambio de costumbres. También por la discriminación y la intolerancia de municipios que no están preparados para recibir desplazados.
Juan de Dios Mosquera, director nacional del Movimiento Cimarrón, afirmó que el conflicto agravó las consecuencias de la esclavitud: pobreza crítica, expulsión de la propiedad, despojo de los territorios, aumento del racismo, eliminación de organizaciones sociales y étnicas, impedir el ejercicio del liderazgo, violencias, inseguridad, abandono del Estado. "Es un Estado bombero, que llega a apagar incendios. Tiene a nuestras comunidades en condiciones de vida denigrantes".
Katery Albornoz de la asociación afrorrisaraldense de Mujeres Guadalupe Zapata expresó que siguen sintiendo el rigor y las amenazas del conflicto armado, en especial mujeres y niños. "No somos reconocidas como cafeteras por nuestro color de piel".
Propuestas
Ménderson Mosquera, coordinador de la Mesa de Víctimas Antioquia, propuso ayudar a construir verdad, reparar realmente a las víctimas y que accedan al derecho a la no repetición. "Nuestra invitación es a unirnos, organizaciones y departamentos, para decirles a las entidades del Estado que aceleren la implementación del acuerdo de paz".
Mosquera pidió poner el foco en los campesinos, obligados a destruir sus cultivos para sembrar coca por imposición de grupos armados. "Requerimos una nueva Constitución donde quepamos y participemos todos, donde nos ponemos de acuerdo en vivir en paz, con equidad, con eliminación de las injusticias históricas".
Para Gómez es necesario analizar si las leyes y políticas establecidas están siendo útiles o de lo contrario formular unas nuevas que respondan a las comunidades y hagan cesar el conflicto.
En Caldas
Teófilo Rentería, consultivo departamental afro en La Dorada, confirma que en Caldas se tiene el mismo proceso descrito en la Uramba. "Deben pasar años para que a las víctimas les den ayudas. En Caldas la población afro no es reconocida como debería ser en materia de regalías y otros aspectos".
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