CNE anuló 24 mil cédulas en Caldas por presunta trashumancia

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Hernán Penagos, informó que esta entidad dejó sin efecto la inscripción de cédulas de 915.853 ciudadanos, de los cuñales 24 mil 367 son de Caldas,  por posible riesgo de trashumancia, de cara a las elecciones del 27 de octubre. Estas personas serán informadas por las autoridades electorales y tendrán la oportunidad de apelar la decisión en los próximos cinco días hábiles.

De esta manera, según Penagos, los departamentos con más inscripciones aparentemente irregulares fueron Antioquia (133.784), Atlántico (135.208), Santander (91.360) y Huila (51.964). San Andrés fue el lugar donde menos se anularon, seguido de Guainía y Amazonas.

De acuerdo con Penagos, la decisión que se tomó este martes en Sala Plena del CNE se obtuvo haciendo 43.000 visitas a los territorios y cruzando bases de datos del Estado, tales como ADRES, SISBEN, ANSPE, DPS, UARIV, empresas de telefonía móvil, cámaras de comercio, Superintendencia de Notariado y Registro, y jurados de votación.

No obstante, el presidente del CNE aclaró que la anulación de inscripciones de cédulas no significa que los ciudadanos no podrán acudir a las urnas. Deberán hacerlo en el último lugar donde votaron, pero si se comprueba que en efecto cambiaron de residencia serán nuevamente incorporados al censo electoral.

“Estas cédulas que se dejan sin efecto es posible que correspondan a figuras públicas. Si llega a ocurrir esto, los ciudadanos tendrán la oportunidad de presentar sus pruebas para ser reincorporados al censo. Es mejor pecar por exceso y no por defecto, es preferible reincorporar a 5000 ciudadanos que permitir que estructuras criminales incidan en los resultados electorales”, aseguró el presidente del CNE.

La autoridad electoral volvió a llamar la atención sobre el hecho de que sólo el 2,6 % de candidatos han reportado sus ingresos y gastos al aplicativo de ‘Cuentas Claras’, lo que significa que de un total de  117.768 aspirantes a cargos de elección popular, solo 3125 han cumplido con la obligación.

Por su parte, el registrador Nacional, Juan Carlos Galindo Vácha, señaló que desde enero de 2019 se inició con el cruce de bases de datos con el CNE, para poder avanzar en detectar posibles riesgos de trashumancia. Agregó que apoyará a la autoridad electoral con el fin de agilizar la notificación de los ciudadanos a los que se les anuló la inscripción de manera preventiva, a quienes les pidió hacer las verificaciones correspondientes.

El vicefiscal Jaime Camacho, añadió que esto no significa que las personas a las que se les anularon las inscripciones estén cometiendo un delito, porque para determinar esto se debe hacer una investigación más exhaustiva, sin embargo, advirtió que la Fiscalía estará detrás de las organizaciones políticas o criminales que sistemáticamente están dedicadas a la trashumancia electoral.

"Las cifras que nos reportan no son casuales ni son de unos pocos ciudadanos que quieren votar en un lugar distinto al que les corresponde. Hay estructuras detrás y detrás de ella va a estar la Fiscalía", sostuvo.

Camacho señaló que el fraude en la inscripción de cédula tiene una sanción que va entre 48 y 147 meses de prisión, pero que está conducta podría agravarse si hay participación de servidores públicos.

Esta decisión del CNE se hizo con la coordinación conjunta de la Registraduría, la Procuraduría y la Fiscalía.