MARTHA LUCÍA GÓMEZ, JUAN CARLOS LAYTON Y MIGUEL ALGUERO
LA PATRIA | MANIZALES
Las 220 sillas del auditorio del Palacio Nacional en Manizales no alcanzaron ayer para toda la gente que llegó a la audiencia pública anticorrupción con el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez. Recibió múltiples quejas y de remate anunció apertura de investigaciones en sonados temas locales y regionales.
“Estamos acá para escucharlos, para recibir las denuncias, para conocer qué está sucediendo con lo público; porque Colombia, después de la firma de los acuerdos, ha estado asistiendo como testigo al surgimiento de esos males que durante tantos años se fueron cocinando y nadie entendió la magnitud, entre ellos la corrupción”, fueron palabras con las que Carrillo abrió la audiencia.
Después de escuchar a 20 personas en representación de diferentes sectores (ver recuadro Quejas y denuncias), el procurador convocó a los medios de comunicación para hablar de las investigaciones en curso.
Investigaciones
Carrillo anunció que como acciones preventivas en Caldas, la Procuraduría General abrió investigación disciplinaria por presuntas irregularidades que se cometieron en la expedición del plan parcial La Aurora, que afectó la zona de amortiguamiento de la Reserva Forestal Protectora Ríoblanco, a José Fernando Olarte (entonces secretario de Planeación).
La medida cobija además a Carlos Arturo Agudelo Montoya, actual gerente de Empocaldas y para la época secretario General del Municipio; a Luz Marina Torres, secretaria Jurídica de esa Alcaldía; a Raúl Jiménez García, entonces director de Corpocaldas y a los miembros de esa corporación Bertha Janeth Osorio Giraldo y Jaime Ramírez Hencker; a Jorge Alberto Vélez Jaramillo, gerente de la firma Vélez Uribe Ingeniería S.A., y a los curadores urbanos Gustavo Guzmán Rojas y John Jairo Osorio García.
De otro lado, informó que el 4 de marzo citarán a audiencia disciplinaria al alcalde del municipio de San José, Norbey de Jesús Ospina Castaño, por presuntas faltas en la adjudicación de nueve contratos de mínima cuantía para el mantenimiento de vías terciarias por un valor de por lo menos $147 millones. “Esto supone un juicio que va a tener además decisiones casi inmediatas, porque se trata de un proceso verbal que se materializa en una audiencia”.
Otra entidad que investigan es la Asociación Cable Aéreo de Manizales sobre la que abrieron indagación preliminar por supuestas: nómina paralela, irregularidades contractuales y presupuestales, pago de salarios de personal no autorizado y autorización de pólizas de responsabilidad civil extracontractual con amparos insuficientes.
En cuanto a Aerocafé, aseguró que avanzan en dos procesos disciplinarios por presuntas irregularidades en la selección de contratistas, contra los consorcios Dico IDT y Dico. “Pronto estaremos adoptando decisiones de fondo”.
Tarea de todos
Según el procurador, en Caldas la entidad lleva 33 investigaciones disciplinarias, 19 indagaciones preliminares por temas relacionados con planes de Ordenamiento Territorial, todas en diferente estado de desarrollo.
“Nos hemos tomado muy en serio el tema ambiental. Ahí lo que tiene que haber es transparencia y participación ciudadana. Estos planes se convirtieron en la gallina de los huevos de oro de la corrupción para los funcionarios de elección popular, y eso tenemos que pararlo entre todos”.
Invitó a la ciudadanía a que siga participando, y a los medios de comunicación a que le ayuden a la Procuraduría a hacer vigilancia sobre la contratación pública desde ya y hasta el día de las elecciones regionales (27 de octubre), y luego hasta la transición del gobierno (1 de enero del 2020) cuando se posesionen los nuevos alcaldes y gobernador.
“Se requiere de todas las energías del Estado, de todos los reflectores de los medios de comunicación y de la sociedad civil para evitar que siempre se utilice la contratación como recurso de la corrupción”, concluyó el procurador Carrillo.
* José Fernando Olarte, exsecretario de Planeación Municipal y vicerrector administrativo de la U. de Caldas
Es la situación normal de un ente de control que recibe observaciones o acusaciones de quienes por alguna razón no están de acuerdo con el proyecto, su tarea es investigar. Lo que uno espera, como entidad garante de derechos, es que se demuestre que la labor que hicimos desde el Municipio fue respetando las normas y el Plan de Ordenamiento Territorial vigente, y lo que en su momento estaba reglamentado como zona de expansión y que para su desarrollo requería un plan parcial. Tocará definir si se respeta o no ese plan parcial, luego del cambio y aprobación del nuevo POT en el 2017. Estoy presto a responder las investigaciones y con la conciencia tranquila de que actuamos correcta y coherentemente.
* Amparo Sánchez, gerente de Aerocafé
Esto está alineado con lo que el Consejo Directivo y la Gerencia de Aerocafé han manifestado, que avancemos con la construcción del proyecto y que paralelamente los entes de control hagan las investigaciones y determinen si hay responsables y en qué cuantía son dichas responsabilidades. En un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Manizales se ganó el proceso a favor de Aerocafé contra estas firmas y fueron condenadas a pagar $14 mil 750 millones.
* Carlos Arturo Agudelo, exsecretario General del Municipio y gerente de Empocaldas
No conozco nada ni me han notificado. Tengo que revisar lo que dijo el procurador. Lo único importante que tengo para decir es que las actuaciones siempre fueron en derecho, en mi caso y considero que en el de todos los compañeros de la administración del doctor Jorge Eduardo Rojas.
* Raúl Jiménez, exdirector de Corpocaldas
El plan parcial de La Aurora se hizo a la luz de las normas legales vigentes, no tiene problemas y puede afrontar cualquier investigación. Está técnicamente bien construido, con las exigencias ambientales y se ubica por fuera de la zona de reserva. Además tiene las medidas de mitigación de impacto, los diseños técnicos de alumbrado, transporte y construcción. El diseño es de vanguardia frente a la sensibilidad de una zona de reserva.
* Herman Loaiza, gerente de la Asociación Cable Aéreo de Manizales
Recibimos con beneficio de inventario y con humildad las declaraciones del procurador. A la Asociación, desde el 2012 no se le hacía auditoría y las anteriores administraciones no le pusieron cuidado. Esta Administración denunció lo que estaba pasando con el sistema de recaudo, la contratación, la nómina y los robos. Estamos trabajando con una revisoría fiscal, que en el 2016 encontró mil 357 hallazgos, de los cuales se han superado en un 99,34% con planes de mejoramiento. Entramos al 2019 con nueve, y la Contraloría Municipal, en reciente auditoría regular, encontró 25. En marzo entregaremos los resultados del plan de mejoramiento.
* Norbey de Jesús Ospina, alcalde de San José
No he sido notificado, debo revisar. Cada año se hacen contratos para el mantenimiento rutinario de vías terciarias, y se han hecho de menor cuantía dependiendo de las características de la obra. Nos hemos ajustado en derecho a las normas de contratación pública, pero como funcionarios no estamos ajenos a que se inicie una investigación disciplinaria y fiscal. Nuestra actuación es abierta a los entes de control. Ellos están cumpliendo sus funciones, y nosotros nos defenderemos como está permitido.
En la audiencia pública de ayer con el procurador General de la Nación esto fue lo que le expusieron 20 ciudadanos sobre presuntas irregularidades y él les respondió:
Salud
Riesgo en el que están hospitales y clínicas por las millonarias deudas sin pagar que tienen las EPS. Hay EPS contratando servicios mínimos y con personal sin experiencia. Contrato de salud del magisterio que no ha sido liquidado y en el que hay deudas por $600 mil millones.
R/ Se creará una mesa técnica con la Procuraduría Delegada para la Salud en Caldas que ayude a aclarar estos temas.
Víctimas
En el mejor de los casos, solo el 18% de las víctimas en el departamento ha sido reparada. Entre los mayores problemas que atraviesan es la falta de vivienda para regresar a sus sitios de origen. Abandono en la atención de víctimas en La Dorada.
R/ Estamos propiciando un gran debate sobre este tema en el país, porque faltan dos años y medio para que se acabe la vigencia de la ley de víctimas. Estaremos vigilantes.
Medioambiente
Modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial para cambiar usos del suelo. Apropiación de particulares sobre lo público. No cobro de la plusvalía en zonas rurales como El Rosario, declaradas de expansión. El 37,6% de la Reserva Forestal Protectora de Ríoblanco la están destinando a ganadería y a cultivos de papa.
R/ Insistimos en la defensa del medioambiente. Haremos un gran pacto por la defensa del agua en el Eje Cafetero, comprometer a muchos estamentos a que cumplan las leyes.
Gestión pública
Proliferación en entidades territoriales de contratos directos y de licitaciones de uno o dos proponentes. Ver a quienes denuncian como enemigos públicos, cuando son es contradictores que están para construir. Emisoras comunitarias que pasaron a manos de particulares. La Alcaldía de La Dorada tiene 10 investigaciones en curso y no sucede nada con ellas. Uso de la sobretasa bomberil en Manizales en compra de café y azúcar, aseo y contratación de personal, que pasó de 40 bomberos a 87. Aumento mensual en el cobro de la factura de aseo en la ciudad.
R/ Queremos hacer una gran alianza con ustedes para estar vigilantes, conformar veedurías y acabar con la corrupción pública, que nos den insumos para investigar y tomar las acciones pertinentes.
Transporte
Legalización de rutas de transporte público entre Manizales y Villamaría, entregadas sin estudios técnicos, que le han quitado pasajeros al cable aéreo. Exagerado aumento de tarifas de transporte público.
R/ Vamos a estar con la lupa puesta para investigar estos asuntos.
En el 2018 el Consorcio Dico, encargado de hacer los diseños de los terraplenes 8 y 10 del Aeropuerto del Café, fue condenado a pagar $14 mil 759 millones por los errores técnicos y ajustes que se presentaron en este primer lleno de tierra (8). El tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Manizales emitió el concepto contra este Consorcio y la sociedad Disconsultoría, luego de la demanda que comenzó en el 2016 el gerente encargado de Aerocafé Jhon Carlos Guevara.
La decisión responsabilizó al Consorcio por los efectos negativos, como consecuencia de los ajustes a los diseños del terraplén 8, y que posteriormente fueron dictaminados en nuevos estudios de afianzamiento como diseños con errores técnicos, motivo por el cual estaba previsto que fallarían antes de alcanzar la cota de pista o meta deseada.
Aunque el Tribunal anuló una resolución de efectividad de garantía por $ 1.700 millones, el nuevo proceso incluyó esta cifra dentro del valor que se le ordenó al Consorcio pagar a Aerocafé.
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