CARLOS HERNÁNDEZ
LA PATRIA | MANIZALES

14 de septiembre de 1969. José Fernel Amaya, nacido en Salamina, comienza su lucha por el crédito y la asistencia técnica de calidad para los campesinos. 2 de junio de 2013. Tras algunos logros y tantas desilusiones y traspiés, ahí sigue. La nueva esperanza es que Gobierno y Farc ratifiquen el acuerdo agrario que anunciaron en La Habana hace una semana. Reflexiona: "No hemos tenido sosiego en el campo. Qué más quiere uno sino que se firme la paz".

Este pequeño caficultor se ha hecho una imagen global de los dilemas del campo gracias a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), de la que es representante en Caldas y fiscal en el país. Ha leído atentamente los puntos del acuerdo y concluye que, en caso de que se cumplan, se convertirían en la solución a gran parte de los problemas que vive el agro caldense, casi los mismos del resto del país.

Con él coinciden el abogado Andrés Felipe Tabares, director del Consultorio Jurídico de la Universidad de Caldas, y el profesor Isaías Tobasura, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de esa institución, quienes han hecho estudios sobre la tierra en este departamento.

LA PATRIA presenta el diagnóstico que cada uno hace sobre los puntos incluidos en el acuerdo agrario, para dar cuenta de los retos que hay, pero también de las posibilidades que se le abren al departamento en caso de que se implementen reformas de fondo.

Los puntos y los diagnósticos

Los siguientes son los puntos sobre los que Gobierno y Farc presentaron un acuerdo el pasado 26 de mayo:

*Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva.
*Programas de desarrollo con enfoque territorial.
*Infraestructura y adecuación de tierras.
*Desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza.
*Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Créditos. Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral.
*Políticas alimentarias y nutricionales.

La necesidad de más tierra

José Fernel Amaya, líder en Caldas de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, hace énfasis en los puntos de acceso a la tierra, economía solidaria y cooperativa, asistencia técnica y formalización.

*Sobre el primero argumenta que "en Caldas hay mucho minifundio", por lo que los propietarios de esos predios pequeños tienen dificultades para autoabastecerse y ganar lo mínimo para subsistir. "No es suficiente con una o dos hectáreas. Además esa situación impide el acceso a créditos y a programas del Estado".

*Sobre economía solidaria y cooperativa, considera que sería "de suprema importancia" profundizar el cooperativismo en el campo. "Poderse asociar para acceder a programas y que, por ejemplo, si entregan una hacienda a varias familias, apliquen mecanismos para trabajar asociados".

*Una reforma de fondo al modelo de asistencia técnica, en su concepto, es muy necesaria, pues asegura que las Unidades municipales creadas para proveerles este servicio a los campesinos, las Umatas, "están politizadas y requieren un perfil científico".

*Mario de Jesús Cardona Marín, también representante de la ANUC en Caldas y a la vez secretario de Economía solidaria de la Confederación General del Trabajo, remite al comunicado de esta última organización en el que aspiran a que haya un acuerdo definitivo, pero desconocen la vocería de las Farc como voceros de los campesinos. Por eso recuerdan que los puntos tratados en el acuerdo ya están consignados en documentos que ellos habían puesto en consideración del Gobierno desde el 2003.

Por la formalización

Andrés Felipe Tabares, director Consultorio Jurídico U. de Caldas
Este abogado ha estudiado la informalidad de la tenencia de la tierra en el departamento, que se relaciona con el primer punto del acuerdo. Entre 2009 y 2010 él y estudiantes de Derecho, con apoyo de la Gobernación, elaboraron el proyecto Apoyo a legalización de predios, que consistió en visitar 17 municipios diferentes a Manizales, identificar a quienes carecieran de documentos para soportar la propiedad, clasificar qué tipo de problemas tenían y plantear una solución a cada caso.

Identificaron 1.385 familias con algún inconveniente, y calcularon que su formalización costaría $ 2 mil 500 millones. Al acudir al Ministerio de Agricultura, sin embargo, se encontraron con un panorama desconcertante: según Tabares, el Gobierno les explicó que los problemas por carecer de escrituras son de particulares, por lo que al Estado le es prácticamente imposible invertir dinero en esto y hasta, si ha obtenido algún logro, es por el apoyo presupuestal de la Agencia estadounidense para el desarrollo internacional. Allí, sin embargo, la Universidad no encontró apoyo.

Esta clase de informalidad es un problema mayor, asociado a lo que puede ocurrir en un futuro con las víctimas del conflicto. A los desplazados, por ejemplo, no les será suficiente decir, para recuperar sus tierras, que habitaron determinados terrenos durante tantos años. Tampoco, mostrar como evidencia documentos diferentes a las escrituras, por ejemplo cartas de venta, algo que es común. De hecho, el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, dijo esta semana que nadie en esas condiciones puede declararse propietario.

Sin embargo, la nueva Ley de víctimas y restitución de tierras parte de la buena fe de los reclamantes, pero la carencia de los documentos, agrega Tabares, se prestará para que avivatos también reclamen y queden ante la ley en las mismas condiciones de los reales poseedores.

En Caldas es susceptible de formalizar el 73 % de la extensión del departamento, unas 542 mil hectáreas (ver gráfico al final del artículo).

Hasta el 4 de febrero pasado, por otra parte, se habían reclamado 12 mil 932 hectáreas, superficie similar a la de Supía.

Por todo esto el abogado Tabares considera que adoptar una política seria de formalización beneficiaría enormemente al departamento, pues si los campesinos tienen cómo sustentar la tenencia de sus propiedades accederán sin problemas a los programas estatales y tendrán cómo demostrarle al mundo que son reales propietarios.

Incentivar otros productos
Isaías Tobasura, doctor en sociología del medio ambiente

*Su interés encaja dentro de los puntos de tierras improductivas, estímulo a la producción agropecuaria, asistencia técnica y políticas alimentarias y nutricionales.
*Plantea que lo primero que hay que tener en cuenta es la distribución productiva de la tierra en el departamento, y hace ver que el referente estadístico más reciente con que se cuenta es el Atlas de Caldas, publicado en 1987 por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Allí se indica que, de las cerca de 750 mil hectáreas de este territorio, 110 mil 231 (14,1 %) son aptas para agricultura, y 122 mil 609 (16,3 %), para ganadería. Eso suma 232 mil 930 hectáreas (26,4 %). Concluye entonces que "el espacio disponible para la producción de alimentos de origen vegetal y animal es mínimo", sobre todo si se compara con el territorio de vocación forestal, que es de 478 mil 300 hectáreas.

*Le inquieta que, además de contar con poco suelo cultivable, la mayoría de este (78 mil hectáreas, según el Comité de Cafeteros) esté destinada al café, que a pesar de haber significado un sustento comercial para la región, no es un alimento propio de la dieta básica. "En el departamento hay un déficit alimentario", concluye, y propone que si se habla de incentivar la producción, se aplique, sin dejar el café, "una política orientada a la producción de alimentos como maíz, fríjol, plátano y panela, que son base de la dieta". Esto mejoraría la seguridad alimentaria local siempre y cuando se piense en satisfacer el consumo interno, dado que, según el docente, las políticas nacionales están más pensadas en la exportación.

*Así como José Fernel, considera que la asistencia técnica que brindan las Umatas no es la adecuada.