Violencia sexual en Colombia no cesa: Amnistía Internacional

La ONG Amnistía Internacional reveló un informe que señala que los actos de violencia sexual cometidos en el conflicto colombiano no han cesado. Además a la organización le preocupa que algunas de las iniciativas bandera del Gobierno como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el Marco Legal para la Paz y el Fuero Militar, permitirían que los victimarios eventualmente reciban amnistías por las violaciones del DIH.

Según Marcelo Pollack, investigador en Colombia de la ONG, “lo que hemos visto es que los niveles de impunidad para los casos relacionados con violencia sexual en el contexto del conflicto son muchísimo más altos que otros casos de crímenes de lesa humanidad”.

Pollack afirmó que Amnistía Internacional decidió emprender esta investigación porque se trata de un tema de mucha importancia que merecía ser estudiado. Para el investigador, el problema no está en la falta de leyes, protocolos, resoluciones o decretos, pues según él, de esas ya hay muchas y algunas son muy buenas.

“El problema con la violencia sexual es que estas iniciativas no son aplicadas efectivamente a lo largo del país. Está muy bien tener estos documentos que ordenan a los funcionarios públicos o a los judiciales hacer ciertas cosas cuando están tratando a sobrevivientes de violencia sexual, pero lo que puede estar pasando en Bogotá no se filtra a las regiones donde la mayoría de los casos que hemos investigado tienen lugar. Está bien tener esas leyes pero si no hay mecanismos efectivos para implementarlas no sirven para mucho”, afirmó el investigador.

El académico señaló que para que exista una solución al problema, el país debería comprometerse con fechas y un programa específico para implementar las recomendaciones de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“Así mismo insistimos en que las autoridades apliquen un plan de acción integral en estrecha colaboración con las víctimas y los organizaciones de mujeres, quienes son las que más conocen la problemática y los mecanismos”, dijo Pollack.

Frente a las negociaciones de paz que adelanta el Gobierno, Pollack dijo que para que Colombia consiga una paz verdadera y duradera, “el respeto a los derechos humanos y la implementación de medidas efectivas para poner fin a la impunidad debe ser la columna vertebral de cualquier negociación entre las partes. Sin ese compromiso y sin medidas efectivas que garanticen el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, no se logrará una paz estable y esto incluye justicia para las sobrevivientes y víctimas de la violencia sexual en el conflicto”.

LAS LEYES CONTROVERTIDAS

Frente a la ley de restitución de tierras el informe señala que tiene varias deficiencias, y además excluye a ciertas categorías de víctimas.

“La ley se presenta como un mecanismo de justicia transicional, cuando en realidad el conflicto continúa su curso. Como consecuencia, muchas víctimas de abusos perpetrados en el pasado reciente o tras la entrada en vigor de la ley serán excluidas de sus medidas de protección porque tras la presunta desmovilización de los grupos paramilitares a mediados de la década de 2000, se las considera víctimas de bandas criminales y no de las partes del conflicto”, afirma el estudio.

Y agrega que “aunque el Gobierno afirma que ya no existen grupos paramilitares, en realidad estos grupos continúan siendo responsables del mayor número de desplazamientos forzosos del país y de numerosas violaciones de derechos humanos, pese a lo cual muchas de sus víctimas quedarán excluidas de la ley. Además, su impacto podría verse debilitado por varios factores adicionales, como el aumento de las amenazas y homicidios de las personas que hacen campaña por la restitución de las tierras o de quienes regresan a sus tierras”.

Frente al Marco Legal para la Paz, aprobado por el Congreso en junio pasado, el investigador Pollack aseveró que esta iniciativa podría permitir que violadores a los derechos humanos se beneficien de amnistías legales.

“Sean guerrilleros, paramilitares o miembros de la fuerza pública podrían beneficiarse de amnistías, pues le da al poder al Congreso de anular penas en contra de actores armados y además le da la potestad al Fiscal de priorizar unos casos sobre otros, nuestro temor es que eso implique que muchos casos vayan a ser abandonados y no investigados”, explicó.

Así mismo, el académico criticó la iniciativa de Fuero Penal Militar debido a que le va a dar el poder a la justicia militar de decidir cuáles crímenes investiga y cuáles pasan a la justicia ordinaria, “lo que sería un desastre para la impunidad en el país”.

LA LEY DE APOYO A LAS VÍCTIMAS

Marcelo Pollack aclaró que ninguna ley ayudará a resolver el problema de la violencia sexual en Colombia completamente, sin embargo afirmó que desde Amnistía Internacional, con el apoyo de los representantes Iván Cepeda (Polo) y Ángela María Robledo (Verde), en el Congreso están presentando un proyecto de ley que enmarca específicamente el problema e igualmente intenta implementar medidas para hacer efectivos los protocolos y leyes existentes.

Esta iniciativa fue presentada por los dos parlamentarios antes mencionados al principio de esta legislatura.

“El hecho de que no se contemple la violencia sexual en la legislación nacional como delito de lesa humanidad implica que no se reconocen como delitos imprescriptibles. Hacemos un llamado al Gobierno para reformar el código penal e incluir los crímenes de lesa humanidad y de guerra como imprescriptibles”, dijo Pollack.

((DATO))
Estos son algunos de los datos revelados por Amnistía Internacional:

El Instituto Colombiano de Medicina Legal realizó en 2011 un total de 22.597 exámenes en presuntos casos de violencia sexual, aunque solo en 72 de ellos se identificó como combatientes a los presuntos autores.

Más de 259.000 personas se han visto obligadas a huir de sus casas, en gran medida como consecuencia de las hostilidades.

Más de 305 civiles han sido secuestrados o tomados como rehenes, sobre todo por grupos de delincuentes comunes, pero también por guerrilleros.

111 indígenas, 45 defensores y defensoras de derechos humanos y líderes comunitarios, y al menos 29 miembros de sindicatos han perdido la vida violentamente.

Las fuerzas de seguridad realizaron al menos 38 ejecuciones extrajudiciales.

Las minas terrestres, sembradas en su mayor parte por grupos guerrilleros, fueron responsables de la muerte de 20 civiles y de 49 miembros de las fuerzas de seguridad.

Los abusos contra los derechos humanos y las violaciones del derecho internacional humanitario rara vez son investigados efectivamente, y sus responsables casi nunca responden ante la justicia.