
Durante dos días, 150 mujeres de movimientos sindicales de todo el país se reunieron en Cali para pedir verdadera reparación, pues todas coincidieron en que por muchos años, de varias formas, han sido víctimas del conflicto armado.
En el encuentro, que se realizó en la Torre de Cali, cada mujer pudo contar sus experiencias. Hablaron de amenazas, de homicidios y de desplazamientos forzados, entre otros hechos victimizantes que les ocurrieron en la defensa de los derechos de los trabajadores del país.
Y es que según el Sistema de Información en Derechos Humanos (Sinderh), de la Escuela Nacional Sindical, en 29 años en Colombia se han presentado 3101 casos de violaciones a la vida, la libertad y la integridad personal contra mujeres sindicalistas. El Valle es el segundo departamento con más casos registrados, con 372, después de Antioquia, con 1299.
María Doris González, del Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social de Colombia (Sindess), dijo que la idea de esta gran reunión fue encontrar los mecanismos para pedirle al Gobierno que tenga en cuenta, dentro del marco del proceso de paz, todo lo que han sufrido las mujeres por parte de grupos armados ilegales y el crimen organizado.
“Hemos sufrido violaciones, asesinatos de familiares, desmantelamientos de sindicatos en el país por parte de grupos de personas que nunca han respetado nuestra actividad”, afirmó esta mujer de 59 años.
Uno de los casos a los que se refiere González es el de una mujer del Sindicato Nacional de Promotores y Vendedores de Chance, a quien el hecho de liderar procesos en la organización le costó en un solo año que le asesinaran un hijo en Cali y tuviera que sacar a otro fuera de la ciudad para protegerlo.
La mujer, de 60 años y que prefiere omitir su nombre, contó con temor su historia. “Todo ocurrió en el 2001, desde entonces mi vida no ha sido la misma, me tocó ver la muerte de mi hijo, dejar a los miembros de mi familia en diferentes ciudades porque nos sentíamos perseguidos”, dijo esta sindicalista.
El caso de esta mujer aún está siendo investigado y por eso ella ni se atreve a decir públicamente quién fue el responsable de todo lo que le ha pasado. En medio del llanto, solo le pidió protección al Estado para ella, su familia y todas las personas en su misma condición.
El jueves pasado también se conocieron casos como los de Laura Chocho, procedente del departamento del Chocó y representante indígena de mujeres, quien denunció que los grupos guerrilleros de la zona le han hecho la vida imposible a las integrantes de su organización.
“A mí me secuestraron a mi esposo un tiempo, luego nos amenazaron y después nos hicieron ir de nuestra tierra. A varias compañeras mías, que defienden los derechos de la clase trabajadora, les han pasado cosas parecidas, pero también abusos sexuales, agresiones, desapariciones”, expresó Laura.
Al final del encuentro, Paula Gómez, directora de la Unidad para las Víctimas en el Valle del Cauca, explicó que de estas dos reuniones saldrán recomendaciones para construir esa reparación al movimiento sindical con enfoque de género, del que tanto están hablando las víctimas.
Sobre el encuentro
En la reunión participaron la Unidad para las Víctimas, el Ministerio de Trabajo, las centrales sindicales Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Confederación General del Trabajo (CGT).
El proceso durante los dos días en Cali fue acompañado por la Escuela Nacional Sindical (ENS), la Comisión del Centro Nacional de Memoria Histórica, CODHES, ISCOD y el Colectivo de Abogados José Alvear.
Las manifestaciones violentas en contra de las mujeres sindicalistas se concentran principalmente en Antioquia (1299), Valle (372), Cesar (302), Caldas (151), Arauca (144), Santander (114), Bogotá (103) y Risaralda (101).
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