La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Suprema de Justicia que absuelva al exsecretario general de Palacio Bernardo Moreno Villegas, por las denominadas ‘chuzadas’ a magistrados, opositores y periodistas.
Así lo hizo el procurador delegado Jorge González Vásquez, al solicitar a la Corte que declare la prescripción del delito de abuso de función pública, que se le endilga a Moreno en este caso. No obstante, sí pidió la condena para la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, por los delitos de violación ilícita de comunicaciones, peculado y falsedad en documento público.
"El término prescripción vendría a hacer de 3 y 4 meses y al día de hoy, desde la audiencia de imputación, llevamos 40 meses y 18 días con lo que hay que declarar prescrita la acción penal por el abuso de función pública", dijo.
En audiencia de alegatos de conclusión, el delegado del Ministerio Público cuestionó seriamente la exposición de la Fiscalía, quien aseguró que Moreno se adhirió a una empresa criminal orquestada desde la Presidencia de la República.
En criterio de González, esa teoría de la adhesión al concierto para delinquir cometido por el exdirector del DAS Andrés Peñate, no estaba ni en la acusación, ni en la teoría del caso, por lo que se vulneraron las garantías al debido proceso.
“Se nos quiere cambiar el cargo de organización del concierto con el cargo de haberse adherido a uno anterior con el doctor Peñate. Pero ¿en dónde está la prueba de que Bernardo Moreno Villegas se haya entrevistado con Peñate para adherirse al concierto de este último? O es que la telepatía también se volvió delito en Colombia”, señaló.
En su dura y corta intervención, el procurador González señaló que una de las pruebas de la supuesta participación de Moreno en las ‘chuzadas’, es una reunión en el Club Metropolitan de Bogotá, en donde se solicitó información de algunos personajes de la vida política. Pero dijo que no se entiende “que una solicitud de información implique la orden de cometer delitos”.
Además, indico que cuando se dieron esas solicitudes de información, ya se estaba recopilando información de la senadora Piedad Córdoba, Gustavo Petro y la Corte Suprema de Justicia.
El delgado además criticó la argumentación de la Fiscalía y aseguró que en la misma hay un sesgo político. De hecho, cuestionó que la fiscal del caso, María Victoria Parra, señalara al entonces Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, de tener alguna relación con las chuzadas.
“Sin tener facultades legales para ello, ante Tribunal no competente, se lanza la Fiscalía con un discurso de sesgo netamente político a presumir la responsabilidad penal del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, como la cabeza del aparato organizado de poder”, dijo.
En ese sentido, el Procurador insistió en que la fiscal Parra se equivocó y que "no se puede combatir el abuso del poder abusando de los propios poderes".
"¿No cabe la presunción de inocencia al señor expresidente Álvaro Uribe Vélez? ¿Por qué en la larga lista de los derechos fundamentales nunca se mencionó la presunción de inocencia? ¿No os llama la atención tanta parcialidad?”, señaló.
El procurador González, además, señaló que Moreno no dio orden alguna de cometer delitos. “¿Dónde está la prueba que lo señala como autor intelectual o como instigador? No existe honorables magistrados", dijo.
Así, González aseguró que la Corte no debe condenar a Moreno por los delitos de concierto para delinquir, ni violación ilícita de comunicaciones, pues “no hay crimen sin conducta”.
Aseguró que aunque le cabría algo de responsabilidad en el abuso de función pública, al llamar a Satena para verificar una información sobre el vuelo de unos magistrados o por colaborar con filtraciones a medios de comunicación, en su criterio, este delito “está prescrito”.
“No debéis condenar a Bernardo Moreno por concierto para delinquir, nunca indicó que se cometieran delitos, nunca dijo que esa fuera la intención del Gobierno”, señaló.
FISCALÍA INSISTIÓ EN LA CONDENA
En la audiencia, la Fiscalía General de la Nación aseguró que Moreno y Hurtado hacían parte de una “organización criminal constituida desde la Presidencia de la República”.
“De los hechos que se probaron en este juicio puede concluirse que Moreno y Hurtado se concertaron para adherirse a una organización criminal constituida desde 2005 con el fin de cometer de manera permanente y sistemática delitos contra servidores públicos y particulares. Adhirieron a la empresa criminal integrada por funcionarios de la Presidencia de la República y del DAS con el fin de desprestigiar a magistrados congresistas y periodistas”, dijo la fiscal María Victoria Parra.
De acuerdo con la delegada de la Fiscalía, dicha empresa criminal realizó una pluralidad de actuaciones que pusieron en peligro la administración pública, la libertad individual y la fe pública de manera sistemática y recurrente.
Parra indicó que ambos exfuncionarios “tenían los conocimientos y la experiencia en el sector público para conocer de la ilicitud del comportamiento” y señaló que se probó que Moreno actuó como co-dirigente de una estructura organizada de poder, al transmitir las órdenes con “las que promovía la realización de acciones ilícitas a ser cumplidas por los demás miembros”.
La Fiscal insistió en que Moreno “controló” el seguimiento de las órdenes dadas al DAS para conseguir información sobre varios blancos políticos, a través del recibimiento de informes.
“Se acreditó la conciencia y voluntad que acompañó a los doctores Moreno y Hurtado en adherirse y formar parte de la empresa criminal que se había constituido desde la Presidencia de la República y que había ejecutado una serie de conductas ilícitas que se perpetraron desde la administración de Andrés Peñate”, señaló la Fiscal.
La fiscal Parra indicó que las órdenes que recibían Moreno y Hurtado por parte del entonces Presidente de la República, no los exoneran de responsabilidad, y por eso pidió "una pena ejemplar" en su contra.
En la misma audiencia de alegatos de conclusión, el representante de las víctimas de las 'chuzadas', Hugo Quintero, solicitó a la Corte Suprema de Justicia que compulse copias en contra de José Obdulio Gaviria, Edmundo del Castillo, César Mauricio Velásquez y Álvaro Uribe Vélez por los mismos hechos.
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