Néstor Eugenio Ramírez Cardona, inhabilitado para ocupar cargos públicos

Por incurrir en presuntas irregularidades en la contratación y ejecución de 21 de las 36 obras del grupo uno de valorización establecidas en un acuerdo distrital de 2005 con un costo superior a los $389 mil millones, la Personería de Bogotá sancionó a Néstor Eugenio Ramírez, exalcalde de Manizales,  y Liliana Pardo Gaona, exdirectores del IDU.

“Los funcionarios omitieron realizar las gestiones necesarias para evitar las demoras e improvisaciones que impidieron la entrega oportuna de las obras, al punto de que aún hoy algunas de ellas no se han terminado”, dice la Personería de Bogotá.

La falta de planeación que les endilga el organismo distrital de control a los dos exfuncionarios se ve reflejado en problemas en la elaboración de diseños, rediseños y demoras en la adquisición de predios donde se construirían las obras.

También los señala de ser responsables de falta de coordinación en la adecuación de redes de servicios públicos y la expedición de permisos ambientales o de tránsito para la construcción oportuna de las vías públicas.

“La improvisación generó prórrogas, suspensiones y adiciones a los contratos por deficiencias en el control y vigilancia en la correcta ejecución del plan de obras. De esa forma, se presentaron continuos cambios en los cronogramas de construcción y entrega en la mayoría de las 7 vías, 2 puentes vehiculares, 5 peatonales, 5 andenes y 2 obras de mejoramiento vial”, señala la decisión.

En el caso de Liliana Pardo, la Personería señala que “utilizó la figura de la adición para entregar a dedo nueve obras de valorización por $90 mil millones pesos” sin realizar la convocatoria pública a la que estaba obligada.

“Tanto Pardo como Ramírez se encontraron responsables por la demora en la ejecución de la Avenida Santa Lucía (Transversal 42) que ni siquiera se ha terminado. También por las irregularidades en la Avenida Villavicencio con Avenida Boyacá; allí se proyectó realizar dos orejas y dos conectantes de la intersección vial. Las obras debían estar terminadas en agosto de 2010 y, aunque el IDU dijo haber culminado la obra en enero de 2011, se determinó que quedó pendiente la construcción de una oreja”, agrega la Personería.

La Personería calificó de graves las faltas cometidas por los dos exfuncionarios pues dice que participaron en la etapa precontractual o en la actividad contractual “en detrimento del patrimonio público o con desconocimiento de las normas”.

Incluso, dice que la conducta de los dos exfuncionarios fue cometida a título de dolo, “debido a que su actuación se realizó con pleno conocimiento de las facultades que les atribuía la ley y, no obstante, obviaron las reglas sobre administración de bienes públicos generando una situación de crisis en la ciudad”.