Nación se salva de pagar billonaria cifra a afectados del Upac

La Corte Constitucional negó un fallo de tutela que buscaba que el Banco de la República indemnizara a las personas afectadas por el UPAC, en un monto que se calcula aproximadamente en unos 95 billones de pesos.

La Sala Plena de la Corte accedió a las pretensiones de la tutela que había interpuesto el Banco de la República contra un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que en agosto de 2010 obligó a indemnizar a una de las víctimas de la UPAC por fallas en el servicio.

Esto porque las resoluciones emitidas por el Banco, entre otras, subieron a través de la resolución 18 de 1995 de subir la tasa de interés del 14 al 32 por ciento lo que provocó que los usuarios perdieran sus casas.

La Sala Plena de la Corte determinó que el Banco de la República no es responsable patrimonialmente al haber fijado en su momento la fórmula para calcular el valor de la Upac y por eso concedió la tutela.

"La Corte consideró que el Tribunal vulneró el derecho al debido proceso, porque el Banco de la República había actuado en cumplimiento de su labor legal", señaló el presidente de la Corte, magistrado Jorge Iván Palacio.

La Corte señaló que en una sentencia de 1999 se cayeron varias normas del sistema Upac pero que nunca se concedió efectos retroactivos a las mismas.

"En esa medida la Sala Plena concluyó que se había desconocido el precedente y la fuerza de cosa juzgada constitucional y por eso dejó sin efecto la sentencia del Tribunal y ordenó proferir un nuevo fallo", dijo Palacio.

El presidente Palacio salvó el voto al considerar que no se desconoció el debido proceso ni los precedentes constitucionales y que el Tribunal administrativo fallo en derecho.

"Además, añadió, que la interpretación del Tribunal de reconocer plenos efectos a una decisión del Consejo de Estado de anular la resolución era razonable y proporcionada como lo había sostenido la propia Corte".

Sobre este tema, la Agencia de la Defensa Jurídica del Estado había solicitado que no se confirmara el fallo del Tribunal por considerar que si esto pasaba, la Nación tendría que pagar un monto en 200 billones de pesos por demandas instauradas por concepto de unas 800 mil millones de pesos.