Labores de la Armada: rescates y soberanía en San Andrés

Luis Francisco Arias B. *
LA PATRIA | Manizales

Desde el 19 de noviembre del año pasado, cuando la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya emitió su polémico fallo acerca de los límites marítimos de Colombia y Nicaragua en el mar Caribe, a la Armada Nacional en San Andrés se le dobló el trabajo.
Antes, si bien estaba pendiente de que pesqueros ilegales no entraran a aguas colombianas y que las bandas del narcotráfico no usaran al archipiélago como plataforma para su negocio criminal, las labores actuales son más exigentes, pues tienen que estar preparados ante cualquier maniobra provocadora que pueda emprenderse por el régimen del presidente Daniel Ortega.
El suboficial Iván Molina, quien está al mando de una lancha rápida (conocida como URR -Unidad de Reacción Rápida-), expresa que durante los primeros meses de este año "hemos hecho de todo, principalmente salvaguardar la vida en el mar, que es una de nuestras principales misiones".
Molina, quien pertenece al componente de guardacostas de la Armada, se refiere a los permanentes operativos para auxiliar a pescadores que en medio del fuerte oleaje que se ha tenido en esta zona del Caribe, ven naufragar sus lanchas.

Rescate de pescadores
De acuerdo con el contraalmirante Luis Hernán Espejo Segura, jefe del Comando Específico de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Cesyp), este año han atendido 19 llamados de emergencia, con el rescate de 53 pescadores sanandresanos. "Eso corresponde a la estadística total del 2012", destaca el alto oficial.
Espejo, quien tiene sobre sus hombros la responsabilidad de coordinar todas las fuerzas en la zona y reaccionar con sus hombres y recursos ante cualquier eventualidad, precisa que a través de las dos estaciones de guardacostas, una en San Andrés y otra en Providencia, acompañan permanentemente a los pescadores para poderlos auxiliar en caso de que tengan problemas.
"Las condiciones meteomarinas han estado fuertes, los pescadores siguen saliendo a hacer sus faenas con libertad, pero en algunos casos les fallan los motores o se vuelcan sus lanchas".
Molina complementa que, con su grupo de compañeros, patrullan en la zona para "apoyar la soberanía nacional, controlar las sustancias ilícitas, luchar contra el contrabando y el tráfico ilegal de divisas, cuidar las líneas de comunicación entre todas las islas de nuestro archipiélago, proteger la flora y fauna, y hacer cumplir las vedas de pesca como las del caracol pala y la langosta...".
Sus afirmaciones son reforzadas por su superior, el contraalmirante Espejo, quien es mucho más directo: "En esencia, nuestras acciones apuntan a defender los derechos históricos de pesca del Estado colombiano donde siempre lo ha hecho. La orden que hemos recibido es garantizar que nuestros pescadores no tengan que pedirle permiso a nadie distinto a las autoridades colombianas para ejercer ese derecho".

Operativos de soberanía
Esto no quiere decir que solo buques colombianos puedan estar en la zona, pues, por tratarse de aguas internacionales, "en el Derecho del Mar se establece que todas las embarcaciones pueden transitar libremente. Nuestras áreas marítimas son muy concurridas por buques que hacen tráfico hacia y desde el canal de Panamá", precisa el comandante del Cesyp.
Aunque durante este tiempo no se han producido provocaciones militares de Nicaragua en la zona, y la presencia de Colombia se ha mantenido hasta el meridiano 82, como siempre lo ha hecho, la Armada sí ha intensificado sus operativos estratégicos de soberanía.
"Mantenemos operativos fuertes con buques de gran capacidad y con la aviación naval, apoyados por la Fuerza Aérea Colombiana. Es una presencia permanente, de 24 horas al día los 365 días del año", cuenta Espejo, quien agrega que "desde antes del fallo se incrementó esa presencia, en un ejercicio de control del mar que ejercemos desde hace mucho tiempo".

La biosfera en riesgo
Hasta el momento, la principal situación crítica en la isla ha sido el cierre de la procesadora de langosta Antillana, debido a que las operaciones de explotación no han sido tan buenas como en años anteriores, lo cual se debe a que se han agotado las fuentes naturales de pesca en esta zona del Caribe.
Por el cierre de esta empresa, según la gobernadora de San Andrés, Aury Guerrero Bowie, se quedaron sin empleo 27 mujeres cabeza de hogar, algunas de las cuales llevaban hasta 20 años trabajando allí.
"También se ha afectado la actividad de 32 embarcaciones de pesca industrial, que estaban afiliadas a una empresa que manejaba todo ese componente para Antillana, con lo que se afectan muchos actores de la cadena de pesca", dice Guerrero Bowie.
Más allá de los problemas sociales y de desempleo que se viven en la isla, lo cierto del caso es que la reserva de la biosfera está en peligro, "sobre todo por las prácticas invasivas de la pesca que practican las embarcaciones nicaragüenses".
Para la mandataria, lo más triste es que se ve afectada la reserva Sea Flower (180 mil kilómetros cuadrados), que fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2000 por la Unesco, debido a su riqueza en el ecosistema marino.
Si el deterioro crece, además de que San Andrés puede perder el privilegio de ser reserva de biosfera, las posibilidades para los pesqueros legales colombianos se verán muy afectadas en el futuro.
Por eso, el suboficial Molina y sus compañeros de la URR salen desde muy temprano a inspeccionar los alrededores de la isla y a tratar de atrapar a quienes hacen pesca ilegal en cercanías de la barrera coralina.

* El periodista fue invitado a San Andrés por Copa Airlines

Pesqueros ilegales
Entre las principales tareas de la Armada Nacional está el control de la pesca ilegal, la cual consiste en su práctica en épocas de veda, o con métodos prohibidos como los arpones.
Según el contraalmirante Espejo, desde finales del año pasado han sido detectadas tres embarcaciones medianas cometiendo este delito: dos jamaiquinas entre Serrana y Serranilla, y la más reciente una nicaragüense en el área de régimen común entre Colombia y Jamaica, al norte, en la zona de Bajo Alicia, cerca de Serranilla.
En esta última embarcación, llamada Papa D, interceptada el 30 de abril pasado con 200 kilos de caracol pala, viajaban 86 personas que fueron puestas a órdenes de Migración Colombia, que los expulsó a su país, lo que implica que no podrán ingresar a nuestro país en los próximos cinco años.
A los hombres de la Armada les sorprendió las condiciones precarias en las que viajaban estos marineros, tomando en cuenta que el barco tiene poco menos de 20 metros de largo y 5 metros de ancho. "El hacinamiento era total, sin baños, con una alimentación y condiciones para descansar muy malas, y sus actividades de buceo son bastante fuera de los estándares mínimos de seguridad para la vida humana", expresó Espejo.
Otra embarcación más pequeña, llamada Wicked, fue interceptada en mayo pasado cerca de la Isla Bolívar con pesca ilegal, específicamente 20 kilos carne de tiburón y 18 aletas de esta especie.

Aclarar estrategia
Tras conocerse esta semana las nuevas pretensiones de Nicaragua de extender su mar territorial a 200 millas (solicitud que le hizo a las Naciones Unidas), la gobernadora de San Andrés, Aury Guerrero Bowie, expresó su preocupación por la intención del país centroamericano de "apropiarse del departamento de San Andrés y Providencia".
También le solicitó al Gobierno Nacional que revele cuál será la estrategia para hacerle frente al fallo de la Corte de La Haya, con base en los análisis de la firma de abogados Volterra Fietta.
La mandataria le dijo a LA PATRIA que Colombia "debe mantener su presencia en el meridiano 82, porque de lo contrario los nicaragüenses llegarán hasta Cartagena. Requerimos que sean reacciones más ágiles y dinámicas".
Consideró que la idea del canal por Nicaragua le permitirá a Colombia poder presentar una reclamación ante la Corte, "con bastantes argumentos, para que sea revaluada la decisión que ha tomado".
En cuanto a los apoyos prometidos por el Gobierno a los pescadores de la isla, Guerrero reconoció que ese compromiso se ha venido cumpliendo, y que cerca de 900 personas reciben los subsidios.