El exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, desfiló nuevamente por los recintos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, cumpliendo con las diligencias que se adelantan en su contra por las presuntas irregularidades en las que incurrió dentro del programa Agro Ingreso Seguro.
Al finalizar la diligencia, Arias aseguró que la Fiscalía conoce sobre un particular que cobraba 20 millones de pesos por fraccionar predios dentro de programa Agro Ingreso Seguro.
Según él, la Fiscalía ha hecho caso omiso de las denuncias sobre el individuo que cobraba estos dineros, pese a que ha sido mencionado en todos los procesos que se adelantan por ese mismo caso.
"Yo les quiero decir que las personas que fraccionaron las tierras ya le dijeron a la Fiscalía quién fue la persona que los indujo a esto y el ente investigador no ha hecho nada contra esa persona. El ciudadano es del particular, no era del Ministerio, es un privado, él les cobraba 20 millones a los beneficiarios por la fracción de las tierras”, aseguró el exjefe de la cartera de Agricultura.
Durante la audiencia
Ante los magistrados de la Sala Penal rindieron declaración en calidad de testigos dos ingenieras del CTI de la Fiscalía quienes vincularon a la familiar Dávila Abondano dentro del proceso.
Durante su declaración, la ingeniera Sandra Milena Laizeca, explicó cómo se llevó a cabo la recolección de la información encontrada en un disco duro de uno de los computadores del Ministerio de Agricultura el cual contenía varios correos que se titulaban: “Contratos de arrendamiento, familia Dávila Abondano, Dávila Jimeno Papá, Dávila Jimeno hijo y familia Vives Lacouture”.
Los correos, al parecer, indican cómo estas familias se hacían beneficiarias de los subsidios para riego y drenaje los cuales estaban destinados para los pequeños campesinos del país.
El exministro Andrés Felipe Arias fue acusado de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos, luego de que la Fiscalía encontrara una serie de irregularidades dentro del programa bandera de su administración AIS.
Por esos delitos Arias fue recluido en el Cantón Norte desde el 29 de julio de 2011 y destituido e inhabilitado por la Procuraduría por 16 años para ejercer cargos públicos.
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