Fiscal General decidirá jurisdicción de falsos positivos

 En una directiva emitida el 22 de mayo de este año, el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre advirtió que será exclusivamente su despacho quien decida la jurisdicción que conocerá de los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública, es decir los llamados 'falsos positivos'. Esta potestad la conservará hasta el 27 de diciembre de 2013.

De acuerdo con el documento, de esta manera se da cumplimiento al artículo 4 transitorio del Acto Legislativo No. 02 del 27 de diciembre de 2012, que reglamenta la aplicación del Fuero Penal Militar y que otorgó “un plazo máximo de un año para que la Fiscalía, en cooperación con la Fuerza Pública, determine la jurisdicción de los procesos que cursan contra miembros de la Fuerza Pública”.

 Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre

La decisión de cuáles procesos se trasladarían de una jurisdicción a otra se tomará según el artículo tres del mencionado acto legislativo, que modificó el artículo 221 de la Constitución Política de Colombia.

Este artículo dice que los procesos de investigación contra miembros de la Fuerza Pública, solo se quedarán en la Justicia Penal Militar o Policial, cuando corresponda a actos propios del servicio activo, los cuales serán juzgados con base en el Derecho Internacional Humanitario.

Sin embargo, los delitos cometidos fuera del servicio, o que correspondan a crímenes de lesa humanidad, genocidio, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, tortura, desplazamiento forzado y los 'falsos positivos', serán conocidos y juzgados por la justicia ordinaria.

Lo mismo ocurrirá con los excesos cometidos por miembros de la Fuerza Pública durante operaciones legítimas.

La directiva también determina que no todos los delitos cometidos durante una operación militar no determinan inmediatamente cuál es su jurisdicción por lo que, cuando existan dudas sobre el tema, el Fiscal tomará la decisión asignándola preferentemente a la justicia ordinaria.

Sin importar su jurisdicción, siempre serán juzgados con base en el Derecho Internacional Humanitario.