El contratista Emilio Tapia, investigado por su participación en el llamado ‘carrusel de la contratación’ de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación llegaron a un primer arreglo.
Esto permitiría que el polémico contratista accediera al preacuerdo que viene buscando con el ente investigador.
Fuentes cercanas a la Fiscalía confirmaron que Tapia accedió a la mayoría de las condiciones fijadas por la entidad acusadora, entre ellas, pagar una pena de prisión domiciliaria de 13 años.
Por ahora, quedaría por establecer cuál será el monto del dinero que Tapia deberá devolver.
Dato
Tapia aceptó su responsabilidad en el delito de concierto para delinquir agravado, por lo que el preacuerdo con la Fiscalía sería por los cargos de celebración indebida de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
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