El próximo lunes, Empresas Públicas de Medellín (EPM) radicará en el Concejo de Medellín el proyecto de acuerdo ajustado con que insistirá en tener vía libre para poder vender, si es del caso, su 12,95 por ciento en Isagén al eventual nuevo controlante que surja de la privatización de la mayoría accionaria de la Nación (57,61 por ciento) en la generadora de electricidad.
El cambio consiste en que el Concejo dé una autorización condicionada de vender la participación en Isagén. Una vez se conozca el ganador de la eventual subasta, prevista para mediados de agosto, y las condiciones que daría a EPM como accionista minoritario, se pondría a consideración, nuevamente, del Concejo.
En esa instancia se definiría si se aprueba, sea conservar las acciones de EPM en Isagén o su venta en la Oferta Pública de Acciones Voluntarias (Opav), la cual debe abrir el nuevo controlante de la generadora para pagar al mismo valor de acción que compraría al Gobierno nacional. EPM estima la pérdida de oportunidad por no vender en la Opav cercano a los 230.000 millones de pesos.
"Se trata de adicionar este tema al proyecto de Acuerdo, de manera que sea el Concejo y no EPM, quien tome la decisión final de venta, o no, de las acciones", puntualizó ayer Juan Esteban Calle Restrepo, gerente de EPM. La movida se dio a partir de la votación a favor, cuatro a dos, de la solicitud de aplazamiento que planteó ayer este funcionario durante el primer debate en la Comisión I del proyecto de Acuerdo No. 240.
De esa forma, EPM evitó que se hundiera la propuesta al no haber logrado sumar los cuatro votos positivos que requiere en esa instancia para pasar a segundo debate. En esto fue determinante el anuncio previo a la sesión de la concejal Aura Marleny Arcila Giraldo de votar negativamente el proyecto,
"No necesariamente todas las inversiones de EPM tienen que ser mayoritarias, no tiene mucho sentido desinvertir en Isagén si es tan buena empresa actualmente y será mucho mejor en el futuro", explicó Arcila a El Colombiano. No obstante, la corporada votó positivamente el aplazamiento, junto a Jaime Roberto Cuartas, Carlos Mario Uribe y Roberto Cardona, mientras Bernardo Alejandro Guerra y Jesús Aníbal Echeverry preferían archivar la propuesta.
"En los últimos cinco años Isagén le ha girado más de 100 mil millones de pesos a EPM en dividendos, de los cuales más de la mitad han terminado en inversión social para Medellín (vía transferencias), entonces, ¿por qué perder esa rentabilidad?", se pregunta Echeverry.
Frente a ese panorama adverso para los intereses de EPM y su dueño, el Municipio, Calle insistió ayer que si no hay aprobación inicial de la venta, quien sea el nuevo dueño mayoritario —hay cuatro firmas extranjeras en puja—, no habrá incentivo alguno que asegure algún tipo de protección para que EPM permanezca como accionista.
"Que no se apruebe este proyecto (surtidos los ajustes) es un perjuicio gigantesco al debilitamiento de la posición negociadora de EPM frente a quien sea nuevo controlante", puntualizó el funcionario.
En todo caso, el coordinador de ponentes de la iniciativa, el concejal Santiago Martínez, presentó en la tarde de ayer su carta de renuncia a esa responsabilidad, confirmó El Colombiano.
Argumenta que no solo está en contra de la privatización de Isagén, como los 21 concejales, sino que sus asesores le han recomendado que sería prudencial ver cuál es el comportamiento del nuevo controlante privado frente a EPM, más aún cuando hay intereses comunes en la principal cadena de generación hidroeléctrica del país, en el oriente antioqueño.
ANTECEDENTES
CONSEJO DE ESTADO "INADMITE" DEMANDA
Por información relevante de la Superintendencia Financiera, Isagén informó ayer que en fallo de la magistrada Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, la Sección Cuarta del Consejo de Estado revocó la previa admisión de la demanda de nulidad interpuesta por la Red de Justicia Tributaria contra la enajenación de la mayoría accionaria de la Nación en Isagen. Asi dio la razón a un recurso de reposición del Ministerio de Hacienda, promotor de la venta.
EN DEFINITIVA
En todo caso, el Concejo tiene nueve días hábiles para estudiar y votar la propuesta ajustada que presente EPM, antes de que termine el actual periodo de sesiones ordinarias.
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