
Con el argumento de que se están violando los principios de legalidad, el presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, radicó ante un Juez Administrativo de Bogotá, una acción popular con la que busca la inmediata suspensión, con carácter provisional, del cobro de valorización en la capital de la República.
Para Bustos, la valoración vulnera dichos principios teniendo en cuenta que la mayoría de las obras en la Capital no se han efectuado totalmente y por el contrario afectan la calidad de vida de los bogotanos.
“Buscamos la suspensión de la contribución por valorización de beneficio local que tiene graves vicios entre ellos la vulneración de los principios de equidad, justicia, legalidad y proporcionalidad, toda vez que las obras no se han efectuado, otras están defectuosas”, explicó.
Y es que para el jurista, “se ha depredado parte esos recursos en lo que se ha llamado el carrusel de la contratación y sobre todo no se ha indemnizado a la ciudadanía por cuenta del daño que le generó en su tranquilidad, productividad, movilidad medio ambiente y calidad de vida en la ciudad a los capitalinos”.
Por lo anterior, en el recurso judicial solicita la suspensión provisional de dicho cobro. Al respecto, la demanda es contra la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto de Desarrollo Urbano, (IDU) y el Concejo Distrital.
El demandante agregó que “muchos recursos se distrajeron para otros propósitos incluida la corrupción rampante, y a su vez para otros propósitos también se hicieron estudios que no sirvieron para nada inclusive las obras fueron canceladas, o los diseños fueron modificados por cuenta de la deficiencia de recursos que ha dado claramente como muestra de la pérdida de cerca más de 100 mil millones de pesos y más de 150 investigaciones con hallazgos fiscales y administrativos por cuenta de la Contraloría Distrital”.
En ese sentido explicó que los sectores más vulnerables con el cobro de la valorización son Bosa, Usaquén y Kennedy.
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