Defensoría del pueblo alertó sobre municipios en riesgo por DDHH

El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, mostró su preocupación por la persistencia en el riesgo de derecho humanos en al menos 10 municipios del país, por las acciones de los grupos armados ilegales, particularmente de los grupos guerrilleros y los conformados tras la desmovilización de las autodefensas.

A través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), la Defensoría del Pueblo emitió entre septiembre de 2013 y agosto de 2014 un total de 56 documentos de advertencia, los cuales corresponden a 35 informes de riesgo y 21 notas de seguimiento para 93 municipios de 24 departamentos del país.

Entre los departamentos se cuentan Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, San Andrés Islas, Santander, Tolima, Vichada Amazonas y Valle del Cauca.

Además se han lanzado advertencia sobre las minorías étnicas. Entre las más afectadas por el conflicto, las comunidades indígenas tienen 25 documentos de advertencia y la población afro colombiana en 13 de las 56 situaciones riesgo, en el caso de quienes las generan más están enumerados las Farc y los grupos tras desmovilización de las autodefensas.

En el último año, los grupos armados ilegales aparecen reportados en 42 situaciones, entre quienes figuran Las Águilas Negras, Los Paisas, Los Gaitanistas o Urabeños, Los Rastrojos, el Bloque Meta y Libertadores del Vichada, y cuyas acciones se registran en Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Risaralda, Caldas, Antioquia, Arauca, Guaviare, Bolívar, Córdoba, Meta, Norte de Santander, La Guajira, Santander, Tolima, San Andrés Islas y Cundinamarca.

En el caso de las Farc se identificaron también en 42 de las situaciones de riesgo en Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Norte de Santander, Arauca, Boyacá, Casanare, Meta, Guaviare, Vichada, Caquetá, Tolima, Huila, Cundinamarca, Risaralda, Santander, Bolívar y Amazonas.

Otálora indicó que la preocupación existe por los homicidios, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes.

Además de eso, el Defensor agregó que las afectaciones incluyen violencia sexual y de género, amenazas, extorsiones, despojo de bienes y tierras, enfrentamientos armados con interposición de población civil, secuestros y atentados contra la infraestructura eléctrica, vial, petrolera y de comunicaciones.

Por último, la Defensoría del Pueblo indicó que se han conocido de amenazas de muerte mediante la circulación de panfletos, correos electrónicos, mensajes de texto, etc., en contra de servidores públicos, dirigentes de partidos políticos, líderes sociales, comunales, sindicales, víctimas del conflicto armado, docentes y población desplazada, además del cobro de vacunas y extorsiones a los comerciantes.