Las comisiones primeras del Congreso aumentaron este miércoles las penas a quien cause muertes o heridas de gravedad por conducir ebrio, al poner como mínimo de prisión 53 meses y un máximo de 216 meses, pero se abstuvieron de imponer más sanciones de prevención a quienes salgan borrachos a manejar.
Estas medidas hacen parte de la llamada ley contra los borrachos, en la cual se había comprometido el Legislativo a tramitar en la presente legislatura con el fin de sacar una ley que además de hacer más severas las penas, también fuera más drástica en el control y la prevención de quienes incurren en la práctica de conducir luego de haber consumido licor.
La ley, en esta instancia que es la primera vuelta conjunta, estuvo a punto de hundirse porque se consideró de parte de la mayoría de los congresistas, instancias como el consejo de política criminal y juristas, consideraron que la ley no podía modificar el código penal y a la vez normas propias del código de tránsito y el código de policía.
El proyecto se ajustó finalmente para modificar el artículo 110 del código penal en el que se determinó que quien “estuviese conduciendo vehículo automotor bajo el grado de alcoholemia igual o superior al grado 1 o bajo el efecto de droga o sustancia que produzca dependencia física o síquica, y ello haya sido determinante para su ocurrencia, la pena se aumentará de las dos partes al doble, en pena principal y accesoria”.
De acuerdo con uno de los ponentes, representante Roosevelt Rodríguez, tal y como quedó el proyecto la pena de principal es que la condena de prisión pasaría 32 meses a 53 meses y la máxima de 108 a 216 meses
Sin embargo, explicó que las llamadas penas accesorias, como la suspensión temporal o definitiva de la licencia de conducción, el aumento de multas de tránsito, no se incluyeron en la ley.
Para otro ponente, el representante Alfonso Prada, es un paso importante que se dio, porque el mensaje que va quedando es que el que conduzca borracho y comete algún accidente tendrá una pena mayor en la cárcel. Prada dijo ser optimista que en el trámite que se dará en las plenarias, a mediados de este mes, se puedan meter esas normas que se estaban esperando para hacer más fuertes los controles.
Pero lo aprobado en criterio de otros congresistas, como el expresidente del Senado Roy Barreras, es un engaño que se le está haciendo al país, porque en su opinión se habló de una ley para empezar a cerrar este problema en toda su dimensión, pero sólo se limita a las penas cuando hay una situación de mayor gravedad.
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