De acuerdo con el relato del representante de la Fiscalía, Martín Antonio Moreno, jefe de la unidad anticorrupción, la idea es mostrar “cómo los beneficiarios recibían los aportes económicos del programa Agro Ingreso Seguro. Con estos documentos se demostrarán los términos de suscripción de los acuerdos y las obligaciones adquiridas”.
La solicitud está sustentada en que desde la suscrición de dichos documentos se da el escándalo de Agro Ingreso Seguro cuando se les entregaron dineros a prestantes familias de la Costa Norte para que se hicieran acreedoras a los beneficios que en principio fueron pensados para familias campesinas de extracción humilde.
Por eso, entre las solicitudes hechas por Moreno salieron a relucir viejos apellidos de clanes ya conocidos en el proceso: Dávila, Fernández, Vives y Lacouture, entre otros.
Estos documentos harán parte de las 336 pruebas con las que la Fiscalía buscará vencer en juicio a Arias a quien sindican de ser el presunto responsables de los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales.
Cabe recordar que en la audiencia anterior, en la que la defensa del exfuncionario solicitó las pruebas, acotó que pretendía contar con varios testimonios de lo más granado de la política nacional. El embajador de Colombia ante Estados Unidos, Gabriel Silva Lujan; el actual viceministro de Defensa, Jorge Enrique Bedoya; la ministra de Vivienda, Beatriz Uribe; el exgobernador del Valle, Juan Carlos Ramírez Abadía y el secretario de Gobierno de Bogotá, Antonio Navarro Wolf.
Pero también salió a relucir la solicitud de un testigo que ya no podrá acudir a tal cita. Se trata del exembajador de Colombia en Perú y expresidente de Fedegan, a quien este miércoles la Fiscalía cobijó con medida de aseguramiento, Sabas Pretelt de la Vega por sus supuestos nexos con paramilitares.
POR SEGUNDA VEZ NEGÓ LOS CARGOS
En el marco de esta etapa procesal, es deber de la Sala Penal de la Corte Suprema preguntarle al indiciado si se allana, o no, a los cargos que le son endilgados por el ente investigador.
Y así fue. Desde la tribuna de los magistrados se le interrogó a Arias, primero que si entendía los delitos por los cuales estaba sentado en el banquillo de los acusados. Respondió afirmativamente. Y, segundo, si los aceptaba. Contestó que no.
“Honorables magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no acepto los cargos que me han sido imputados y por los cuales he sido acusado”, dijo ante el estrado Arias.
Así las cosas, el exministro insiste en su inocencia como ya lo había hecho en la audiencia de imputación de cargos diligencia en la que, además, fue enviado a una guarnición militar como medida de aseguramiento preventiva.
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