El Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar más de $ 170 millones a la familia de una mujer quien perdió la vida mientras estaba secuestrada. El deceso se produjo en medio de un operativo de la Fuerza Pública adelantado en el municipio de Viotá, Cundinamarca, en febrero del año 2000.
Para la corporación judicial, aunque no hubo falla del servicio “sí se configuró el régimen de daño especial, pues la secuestrada fue sometida a soportar una carga que no debía asumir, como fue el enfrentamiento armado entre la Fuerza Pública y el grupo armado ilegal que la tenía retenido”.
La sentencia señala que existen pruebas suficientes para demostrar que la muerte de la mujer se produjo en desarrollo “de la actuación legítima” del Ejército que respondió al ataque del grupo armado en desarrollo de una operación que buscaba la captura del jefe guerrillero alias El Negro Antonio.
“Los daños ocasionados por hechos exclusivos y determinantes de un tercero no le son imputables al Estado, a menos que éste sea el que ha creado el riesgo”, precisa el fallo
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