'Carrusel de audiencias', un escándalo que crece a fuego lento

En la mira de las autoridades están, por lo menos, otras diez personas contra quienes en los próximos días se librará orden de captura por su presunta vinculación al llamado ‘cartel de las audiencias’.

Se trata, a juicio de uno de los allegados a la investigación, de una bien organizada banda de funcionarios, jueces y fiscales que con sobornos que van desde los $500 mil hasta $100 millones, se encargaban de manipular el sistema electrónico de reparto de los expedientes para que éstos correspondieran a algún miembro de la red.

“Estas personas están al servicio de una banda criminal: dirigían procesos, amarraban decisiones, concedían libertades, concedían beneficios a los involucrados en determinados casos, por montos que dependían del proceso y de los involucrados”, explicó una fuente a Colprensa.

Allegados al expediente advierten que las redadas continuarán en ciudades como Cali y Medellín, entre otras ciudades, pues “se tiene conocimiento de que está operando el mismo sistema de ‘carrusel de audiencias’. Este es un tema viejo, lo que pasa es que el de Bogotá es el complejo judicial más grande del país. Pero vendrán muchas más capturas: faltan abogados, fiscales”.

De hecho, el escándalo del ‘carrusel de las audiencias’ no es nuevo. Según pudo establecer Colprensa en fuentes judiciales, la investigación comenzó hace cerca de dos años, pero para darle transparencia al proceso se decidió darle el expediente a un juez de Tunja para que dictara las órdenes de captura, y no a un juez de Bogotá, cercano a los imputados.

Al parecer, fue un extraditable, que hoy está pagando su pena en Estados Unidos, quien dio las primeras pistas sobre el ‘cartel’, al mismo que le pagó 40 millones de pesos para que su expediente lo llevara un juez “amigo”. Incluso, otro empleado de la misma Rama Judicial también colaboró con las autoridades para destapar el escándalo.

Con base en esas pesquisas, el juez de Tunja autorizó interceptaciones telefónicas y de correos electrónicos, búsqueda de datos en computadores, pruebas documentales y testimoniales, hay más de 10 videos y más de 20 audios “que son los que más comprometen a los implicados”, al decir de las fuentes consultadas.

La evidencia de las pruebas fue tal, que a uno de los detenidos, un funcionario de la Rama Judicial que tiene un sueldo muy modesto, en el allanamiento a su casa, la Dijin y el CTI le encontraron 11 millones de pesos en efectivo que no pudo justificar.

El operativo de captura fue tan envolvente, que causó mucha sorpresa entre los presentes minutos antes de las 7:00 de la mañana del jueves pasado en Paloquemao.

Más de 20 agentes encubiertos de la Fiscalía y la Dijin madrugaron a esperar a los implicados. Cuando los dos jueces llegaron a sus oficinas para vestir toga y birrete, para iniciar su trabajo, “no los dejaron ni sentar. A los otros funcionarios la Policía los estaba esperando a la entrada de sus oficinas. Una funcionaria hizo el show: comenzó a gritar y a llorar y a decir que por qué la iban a capturar, que ella no debía nada. El revuelo fue total”, contó uno de los testigos del operativo.

Con todo, este viernes al finalizar la tarde quedaron legalizadas las capturas de estas personas, y comenzaba la audiencia de imputación de cargos: concierto para delinquir, cohecho, prevaricato, concusión, tráfico de influencias y falsedad ideológica en documento público.

Los dos jueces afectados son Ricardo del Cristo Rodríguez, juez 26 de Control de garantías, el mismo que hace apenas dos semanas mandó a la cárcel a alias ‘Toledo’, el joven señalado de asesinar al padre de un hincha de Santa Fe. “A mi me capturaron y no sé ni por qué, ni siquiera me leyeron los delitos”, cuenta un testigo que dijo el juez a los periodistas presentes.

El otro administrador de justicia es el juez 38 de Garantías Francisco Javier Barbón, famoso en el complejo judicial por ser tal vez el único que utiliza martillo para imponer el orden en las audiencias que preside.

Los otros capturados son cuatro Secretarios de Despacho, cuatro funcionarios del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao y un tramitador. Uno de los detenidos, trascendió en la audiencia, es estudiante de derecho y es muy cercano a un prestigioso abogado que también estaría involucrado en el ‘carrusel’.

DE VIEJA DATA

Tras conocerse el escándalo, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura respaldó la lucha contra la corrupción en algunos despachos judiciales y reveló que “la Rama Judicial ha interpuesto 123 denuncias penales por diferentes irregularidades” solo en Bogotá.

Un informe de ese despacho indica que en lo corrido de este año la Sala ha sancionado a 51 funcionarios judiciales y 309 abogados por incurrir en diferentes faltas disciplinarias.

Esto, a juicio de los expertos, demuestra que a pesar de los esfuerzos la erradicación de actos de corrupción de algunos despachos judiciales es una materia aún pendiente.

“Esto obliga a mantener siempre mecanismos de vigilancia sofisticados para que se detecten esos casos que, aunque son pocos, generan mucho impacto en la opinión pública y ponen en entredicho el servicio de administración de justicia”, considera el abogado penalista Jaime Granados.

El jurista, no obstante, sostiene que “hay casos más sofisticados de manipulación: cuando se presentan casos de ‘falsos testigos’. Conocemos apenas la punta de iceberg, pero no conocemos quiénes están detrás de ellos”, afirma.

Para el ex vicefiscal General de la Nación Francisco José Sintura, este escándalo “evidencia más la crisis de la administración de justicia derivada del recurso humano, porque en Colombia lamentablemente no tenemos una carrera judicial efectiva y eficiente, entonces estos problemas se pueden presentar”.

Sintura es partidario de establecer un proceso de meritocracia en la administración de justicia “donde el acceso a la calidad de fiscal o de juez, y el ascenso dentro de la Rama Judicial, sea producto de méritos, no de tráfico de influencias”.

Mientras, otra visión tiene Luis Fernando Otálvaro, presidente de Asonal Judicial. En su opinión, que funcionarios de la Rama Judicial se vean involucrados en escándalos como el de Paloquemao, no es un tema de fallas en la administración de justicia, de falta de ética y mucho menos de malos salarios: “es un problema de individualismos”.

“Los jueces hemos venido adquiriendo una remuneración más acorde con nuestro oficio, entonces (el escándalo) no se debe a lo mal remunerados. Somos producto de una sociedad que nos ha llevado a un individualismo acérrimo, el funcionario no piensa en la sociedad y en la comunidad sino en sus intereses personales, en cómo adquirir bienes rápidamente”.

El problema, dicen los expertos consultados, es que el proyecto de reforma a la justicia que se hundió en el Congreso y los que están en curso, son apenas un paliativo, no una solución de fondo.

Al decir del ex vicefiscal Sintura, una verdadera reforma a la justicia debe tener, mínimo, tres componentes: uno, carrera judicial y de méritos; dos, presupuesto para la administración de justicia; y, tres, fortalecimiento de la investigación criminal y la prueba. “Y nada de eso hay”, concluye.