Avanza imputación de cargos contra la excontralora Sandra Morelli

En el Tribunal Superior de Bogotá la Fiscalía imputó cargos formalmente a la excontralora Sandra Morelli, por celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

La audiencia pudo realizarse pese al retraso de dos horas presentado por el abogado de la exfuncionaria, quién no asistió a la diligencia programada para las 9:00 de la mañana en el Tribunal.

La Fiscalía señaló durante la diligencia, que la terquedad de Morelli ha generado un gasto superior a los 2.500 millones de pesos al Estado, por el arriendo de 7 pisos del edificio del centro comercial Gran Estación II, en el occidente de Bogotá.

La excontralora no tuvo en cuenta el valor por metro cuadrado en el sector, ni tampoco el valor del canon de arrendamiento, que incluyó los equipos de oficina para la entidad

Carlos Iván Mejía, fiscal décimo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, reveló que "estas conductas le permiten inferir a la Fiscalía que hubo una flagrante violación por parte de la excontralora Morelli de los principios de planeación, económica y selección al momento de suscribir el contrato, además se observa un desprecio con los requisitos mínimos que gobiernan los contratos de arriendo".

Indicó además que "Sandra Morelli actuó con indiferencia sobre las consecuencias que podría tener al suscribir dicho contrato de arriendo el cual no cumplía con los requisitos mínimos en materia de legalidad".

Según el ente investigador, otra de las irreguralidades se basó en que nunca justificó en estudios la prohibición para la remodelación de la sede de la Contraloría en el centro de la capital. A esto le sumó que no tuvo en cuenta las vigencias futuras que otorgó el Ministerio de Hacienda para el contrato de arrendamiento.

El Fiscal Carlos Mejía indicó que "se firmó el contrato sin calcular los recursos suficientes para cumplir con los compromisos económicos de las vigencias fiscales de 2013 y 2014".

De acuerdo con la Fiscalía, el presupuesto que le asignó el Gobierno de vigencias futuras fue de 28.870 millones de pesos en 2013 y 17.947 para 2014.

EL DETRIMENTO PATRIMONIAL

En cuanto al detrimento patrimonial de 12.292 millones de pesos, fue derivado del pago del arriendo de la nueva sede del organismo de control fiscal, sólo entre el 15 de julio y el 14 de septiembre de 2013, y el doble pago por concepto de inmuebles.

En lo que se refiere al arriendo, según la Fiscalía, la Contraloría pagó 5.377 millones de pesos durante un mes en el que no fue ocupado el inmueble por temas de mantenimiento.

"Estos delitos tienen la mayor agravación punitiva porque el peculado fue cometido por quien ejercía como funcionaria de un órgano de control del Estado. Tienen mayor punibilidad por su posición distinguida, su cargo, posición económica e ilustración", dijo el Fiscal.

A esta hora habla el representante de la Auditoría, quienes pudieron ser declarados como víctimas en el proceso.

(Noticia en desarrollo)