Luego de que se dilatara el segundo debate del proyecto de acto legislativo que busca unificar los mandatos de alcaldes y gobernadores con el del Presidente de la República, se aplazó el debate de control político sobre el estado actual de las ejecuciones extrajudiciales cometidas en la última década.
En la plenaria de la Cámara, el representante Alirio Uribe esperaba pedir la renuncia de ocho altos oficiales que estarían vinculados con los escándalos de falsos positivos.
Uno de ellos es el general Juan Pablo Rodríguez Barragán, actual comandante General de las Fuerzas Militares, quien en 2007 lideró el Comando Operativo 7, al que se atribuyeron 21 casos de ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2004.
También sería señalado el mayor general Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar y el brigadier general Henry William Torres, quien fue comandante de la Brigada XVI en Casanare entre 2005 y 2007, cuando la Fiscalía reportó 63 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuidos a esa unidad.
Por otro lado, luego de que se extendiera una audiencia pública sobre el equilibrio de poderes, también se aplazó el primer debate del proyecto de ley mediante el cual se reestructura la justicia penal militar y policial, se establecen requisitos para el desempeño de sus cargos y se implementa su fiscalía general.
Precisamente el proyecto incorpora instancias y mecanismos que buscan dar independencia e imparcialidad a la Justicia Penal Militar, a través de una Unidad Administrativa Especial con autonomía judicial, laboral y presupuestal.
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