Noticias de Manizales y Caldas,
Febrero 11 2025
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VerdadAbierta.com*
LA PATRIA | Bogotá
Desde que arrancó el proceso de Justica y Paz y hasta fin de abril, sus fiscales y magistrados han enviado a la justicia ordinaria por lo menos 11.179 solicitudes de indagación de 943 políticos, 870 militares, 330 servidores públicos y 9.036 personas privadas, entre ellos, a muchos empresarios porque se sospecha contribuyeron de alguna manera con el paramilitarismo.
Este indicador no quiere decir que cada vez que un paramilitar mencione a alguien como su cómplice, este sea culpable, sí da una idea de a cuánta gente arrastró el fenómeno y cuánto le falta a la justicia para esclarecer quiénes lo hicieron posible y se beneficiaron de él.
Cuatro instituciones investigan las alianzas entre paramilitares y políticos: la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General, la Procuraduría y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
La Corte Suprema ha condenado a 53 senadores y representantes a la Cámara, y a 9 gobernadores, y aún tiene más de 100 procesos por parapolítica pendientes. Entre ellos, contra Dilian Francisca Toro, Nancy Patricia Castañeda, Armando Benedetti, Juan Manuel Corzo, Julio Alberto Manzur y Guillermo Gaviria Zapata.
La más reciente condena contra el ex presidente del Senado, Javier Cáceres, proferida el 12 de abril de 2012, es apenas una muestra de qué tan alto llegaron los paramilitares en el Poder Legislativo. El mapa completo es aún más impactante: 7 de los 10 presidentes del Senado entre el 2002 y el 2012 han sido o están siendo procesados por la Corte Suprema de Justicia por presuntos nexos con paramilitares. En febrero de este año la Corte condenó a Miguel Pinedo Vidal, presidente en el periodo 1999-2000 por aliarse con el ex jefe paramilitar Hernán Giraldo y un año antes, en mayo del 2011, el Alto Tribunal profirió condena, por sus nexos con paramilitares del Bloque Tolima, contra el ex senador Luis Humberto Gómez Gallo, presidente del Senado en el 2004.
Hoy la Corte también evalúa las pruebas y testimonios para condenar o absolver a los también ex presidentes del Senado: Luis Alfredo Ramos, del partido Alas Equipo Colombia, presidente del periodo 2002-2003; Dilian Francisca Toro, senadora del partido de la U y presidenta de esa corporación entre 2006-2007; Nancy Patricia Gutiérrez, de Cambio Radical y presidenta del Senado entre 2007-2008; Armando Benedetti del partido de la U y presidente del Senado en 2010 y; Juan Manuel Corzo, presidente del Senado en 2011.
Estas investigaciones se encuentran en su etapa preliminar, a la espera de que sean comprobados los testimonios que los incriminan para así poder decidir si se abre una investigación formal o por lo contrario, sus casos merecen preclusión porque las denuncias no tienen soporte.
En general, para el caso del Legislativo, según cifras de la Corporación Nuevo Arco Iris, hasta hoy han sido procesados 139 ex congresistas y congresistas elegidos para los periodos legislativos 2002-2006 y 2006-2010.
Contra este grupo de congresistas y ex congresistas, el Alto Tribunal ha proferido 53 sentencias condenatorias, 7 absoluciones y 6 autos inhibitorios. Actualmente, 27 procesos están en etapa de instrucción, 35 en investigación preliminar y 5 ex congresistas han sido llamados a juicio.
Los procesos que están actualmente en etapa de juicio en el alto tribunal son el del ex senador cordobés Mario Salomón Náder, acusado de aliarse con Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’ y el del exrepresentante a la Cámara Cesar Pérez García, investigado como autor intelectual de la masacre de Segovia y por nexos con paramilitares.
Entre los llamados a juicio están los ex senadores Óscar Suárez Mira, Estanislao Ortiz y Fuad Rapag, y el coronel retirado Hugo Aguilar, ex gobernador de Santander, a quien la Fiscalía acusó formalmente y a quien la Corte se encargará de condenar o absolver según lo demuestren las pruebas.
La Corte Suprema abrió nuevas investigaciones preliminares contra ocho congresistas que ya había condenado por sus vínculos con el paramilitarismo, esta vez por su presunta responsabilidad en delitos considerados como de lesa humanidad, en el Estatuto de Roma que Colombia suscribió en el 2002, como por ejemplo, desapariciones forzadas, desplazamientos, masacres, entre otros graves crímenes.
Por estos hechos, en el 2010, la Sala Penal abrió investigación contra los ex congresistas Jorge de Jesús Castro Pacheco, Dieb Nicolás Maloof Cuse, José Gamarra Sierra, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo Escobar, Salomón Saade, Jorge Luis Caballero y Mauricio Pimiento, todos procesados por parapolítica.
También el ex congresista César Pérez García está siendo juzgado por el Alto Tribunal por su presunta responsabilidad como determinador en la masacre de Segovia en la que paramilitares asesinaron a 43 personas.
Sin embargo, a excepción del juicio a Pérez, ninguna de las ocho investigaciones contra los condenados por los nuevos procesos reportan avances. Según fuentes judiciales consultadas por VerdadAbierta.com, estos casos van lento pues ha sido difícil para los investigadores de la Corte encontrar pruebas fehacientes de que la complicidad de estos políticos con el paramilitarismo llegó a involucrarlos directamente como cómplices intelectuales de asesinatos, masacres u otros crímenes.
Hasta ahora, por delitos de lesa humanidad han sido condenados el ex gobernador de Sucre, Salvador Arana, a 40 años de cárcel por el asesinato del ex alcalde de El Roble, Edualdo Díaz; además el ex congresista Álvaro García, condenado a 40 años de prisión, por ser el cerebro detrás de la masacre de Macayepo (Sucre); y el ex director del DAS, Jorge Noguera Cotes, sentenciado a 25 años de prisión por la muerte del profesor Alfredo Correa D'Andreis.
Las investigaciones contra los políticos aliados de los paramilitares le han permitido a la justicia conocer detalles de los pactos entre políticos y paramilitares que cimentaron los lazos de corrupción en materia de contratación estatal, y que en los casos graves incluso, les permitieron a los paramilitares controlar las instituciones gubernamentales en muchas regiones del país, y los recursos del Estado destinados para la salud, educación y otros programas en material social.
Las revelaciones de varios desmovilizados sacaron a la luz pública escándalos como el del Hospital Materno Infantil de Soledad, en el que los paramilitares con la ayuda de políticos se apropiaron de los recursos destinados para esta entidad.
También se han desenmascarado organizaciones aparentemente sociales que en realidad estaban al servicio político de los paramilitares.
Según Álvaro Osorio, jefe de las Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema durante el periodo de Vivian Morales, las investigaciones por casos de parapolítica desnudaron cuán cerca estuvieron los paramilitares de controlar en su totalidad algunos departamentos del país.
La dinámica, según Osorio, fue así: “Primero ellos contribuyeron con el candidato para financiar su campaña. Así, lograron que el candidato llegara a la Gobernación. Una vez era Gobernador entonces venía la contraprestación: nombramientos de personas adeptas a las Auc y el otorgamiento de contratos que nutrieran las arcas de las autodefensas. Esta es la forma de cooptar el Estado, pero a veces llega a tal punto el poder de los paramilitares que pudiera decirse que el poder real lo ejercen ellos, entonces empezó a funcionar toda la administración departamental en beneficio de sus intereses”.
Investigadores judiciales consultados por VerdadAbierta.com aseguran que los negocios que quedaron de estas alianzas, hoy en manos de sus herederos siguen intactos.
“Las capturas de las principales cabezas no afectan las estructuras”, dijo uno de los investigadores consultados. “Aunque el congresista investigado y condenado sea la cabeza, sus negocios no fueron investigados y tampoco lo son quienes los heredaron. Siguen así sacando rentas de la salud, las regalías, los contratos de servicios públicos”. Otro funcionario judicial, que pidió reserva de su nombre, dijo que tampoco han avanzado las investigaciones contra empresarios que financiaron a los políticos y estaban estrechamente relacionados con los paramilitares”.
Fuentes judiciales consultadas por Verdadabierta.com aseguran que el problema que enfrenta la justicia está en que el concierto para delinquir, delito que tipifica la conducta de pertenecer, aliarse o promover un grupo paramilitar es limitado y deja por fuera los delitos contra el patrimonio público, es decir el posible desvío de los dineros públicos a manos de los paramilitares o de sus aliados políticos o económicos.
Además de este primer obstáculo, es evidente que no existe una estructura de la Fiscalía especializada, ni dedicada exclusivamente a investigar las ramificaciones de la parapolítica. “La estructura de parapolítica” adscrita a la Unidad contra el terrorismo de la Fiscalía, que se encarga de las investigaciones contra políticos regionales y locales, es decir alcaldes, concejales y diputados, y que además maneja las investigaciones por para-economía, tienen un número enorme de casos de otros temas. Por eso, por voluntad que le pongan, los fiscales no dan abasto para avanzar los procesos.
VerdadAbierta.com conoció que el saliente director Nacional de Fiscalías, Néstor Novoa conformó un equipo que tenía como fin hacerle seguimiento a las peticiones de investigaciones que salen de la Unidad de Justicia y Paz. Sin embargo, este pequeño grupo es de conformación reciente y no tiene un carácter oficial.
Otro problema en las investigaciones contra aliados del paramilitarismo es el hecho de que no existe una articulación entre las investigaciones adelantadas por la Corte Suprema y la Fiscalía, lo que dificulta el seguimiento de las investigaciones que se derivan de los casos de importancia.
Y el último problema, que no es menor, es que muchos de los investigados aún siguen aliados con grupos armados y es peligroso seguirlos.
En varias oportunidades, el posesionado fiscal Eduardo Montealegre aseguró que ahora sí se tomaría la parapolítica en serio, por lo que anunció la captura de más de 60 dirigentes políticos, detenciones que se hicieron efectivas a mediados de mayo. El Fiscal general anunció también investigaciones a los financiadores del paramilitarismo.
A esta declaración del Fiscal se suma el pronunciamiento del magistrado José Leonidas Bustos, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien a principios de abril aseguró que la última condena proferida por el Alto Tribunal contra el ex senador Javier Cáceres estaba lejos de ser ‘el fin de la parapolítica’.
La visita de los magistrados auxiliares realizada hace pocos días a los jefes paramilitares extraditados busca, según lo dio a conocer el alto funcionario, pruebas testimoniales contra los más de cien políticos que actualmente están siendo procesados por esa corporación.
En comparación con lo que ha sucedido en otros países cuando crimen, grupos armados y política conspiran juntos, la justicia colombiana ha brillado por su eficacia. En cinco años ha resuelto centenares de casos y ha condenado a muchos políticos poderosos del nivel nacional y local. Pero el camino es largo, y aunque han pasado un lustro, todavía falta que la justicia dé con quienes se lucraron de esta tragedia, que según todos los observadores, son los que hasta ahora la han sacado más barata en todo el escándalo de la parapolítica.
* VerdadAbierta.com es un portal especializado en la cobertura del proceso de Justicia y Paz.
Los paramilitares no solo querían gobernar, sino que detrás de esas alianzas existían otros intereses económicos. Por ejemplo, lavar dinero o controlar las decisiones sobre a quién y en qué términos entregar concesiones y contratos. Muchos empresarios se aliaron con los paramilitares para conseguir estos contratos que les aseguraron utilidades por muchos años.
El camino que tiene que recorrer la Fiscalía en materia de parapolítica es igualmente largo. La Fiscalía ha concluido exitosamente decenas de casos, y en los que ha pedido acusación ha logrado sentencias contra varios alcaldes, concejales y diputados de los departamentos de Sucre, Cesar, Magdalena, Casanare, Antioquia, Caldas y Tolima, y algunos ex funcionarios de alto nivel como Jorge Noguera, ex Director del DAS y Guillermo Valencia Cossio, ex director Nacional de Fiscalías.
La Unidad Contra el Terrorismo, la estructura de apoyo de parapolítica adscrita a esa oficina, tiene hoy en sus manos 260 investigaciones preliminares, otras 47 en etapa de instrucción y 15 en indagación.
La Unidad delegada ante la Corte Suprema de la Fiscalía está procesando a 20 gobernadores y ex gobernadores de 15 departamentos, y tiene a su cargo investigaciones polémicas como una contra el ex vicepresidente Francisco Santos porque presuntamente estuvo de acuerdo con la creación de un Bloque Capital, según aseguró Salvatore Mancuso, y otra contra la ex ministra del medio ambiente Sandra Suárez por supuestos nexos con ‘Jorge 40’. Ambas investigaciones están en su etapa preliminar.
Esta Unidad también se encarga de investigar y acusar a ministros, embajadores, generales y almirantes de la fuerza pública, directores de departamentos administrativos, al Contralor General y al Procurador.
El asunto de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que tiene el poder de investigar al Presidente de la República, al Fiscal General, a los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado y a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, no es de volumen. Sólo tiene dos investigaciones pendientes: contra los ex fiscales Mario Iguarán y Luis Camilo Osorio, pero avanzan con dificultad, dado el calibre de los procesados.
El secretario de esta Comisión, Gonzalo Pinzón, dijo a VerdadAbierta.com, que esperan que el Congreso apruebe viajes al exterior de los investigadores para entrevistar a los ex jefes paramilitares presos en Estados Unidos y a otros testigos.
En marzo de 2012, la Comisión retomó la investigación formal contra el ex fiscal Osorio. Este se había abierto hace años, a raíz de que en 2002 el entonces senador y actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, aseguró que Osorio era responsable de haber permitido que las autodefensas infiltraran la Fiscalía.
Contra el ex fiscal Iguarán, la Comisión abrió una investigación preliminar por una supuesta colecta que hizo Carlos Mario Jiménez, alias 'macaco', para favorecer su elección como Jefe del ente investigador.
Vale la pena aclarar que frente al ex presidente Uribe, quien ha sido señalado en varias versiones libres de los ex paramilitares, sólo hay una investigación preliminar en la Comisión por presunta responsabilidad en las chuzadas del DAS, mas no por parapolítica.
La Procuraduría, cuya tarea es vigilar a los funcionarios públicos, creó una comisión para el seguimiento de los procesos por parapolítica llamado Grupo de Seguimiento de Procesos Disciplinarios en el Marco de la Justicia Transicional, Ley de Justicia y Paz.
Esta comisión busca impulsar las investigaciones disciplinarias contra funcionarios públicos, iniciadas a raíz de las denuncias e información entregada por los desmovilizados. Inicialmente el grupo tenía vigencia de un año, sin embargo en marzo de 2012, una nueva resolución ordenó su funcionamiento indefinido.
Según la Coordinadora de Justicia y Paz del Ministerio Público y líder del Grupo de Seguimiento, el mayor problema para las investigaciones disciplinarias por parapolítica es que el tiempo de vencimiento que tiene la Procuraduría para procesar a los políticos señalados es de cinco años después de ocurrido el hecho.
Sin embargo, para el caso de investigaciones disciplinarias por infracciones a los derechos humanos el vencimiento para que se inicie un proceso es de 12 años.
En este contexto, muchos de los casos de los políticos que se aliaron con paramilitares para las elecciones parlamentarias del 2002 y regionales del 2003, ya se vencieron.
Entre otros obstáculos para desarrollar las investigaciones disciplinarias, resaltados por la funcionaria consultada por VerdadAbierta.com, están las impresiones en las declaraciones de los denunciantes, lo que dificulta la comprobación de los hechos y las frecuentes renuncias de funcionarios que llevan poco tiempo en su cargo y que cuando les abren una investigación disciplinaria casi de inmediato renuncian a su cargo, para evadirla.
En este último caso, el Ministerio Público pierde su competencia para investigarlo.
En la Procuraduría actualmente hay en curso 356 procesos contra funcionarios públicos por presuntas alianzas con grupos paramilitares. Esta cifra cambia rápidamente y está sujeta entre otras cosas a las versiones que rinden postulados en Justicia y Paz. La mayoría de los casos abiertos se localizan en los departamentos de Sucre, Antioquia y Cesar.
En la oficina del Procurador General hay 103 procesos por parapolítica, de los cuales 88 están en trámite, 11 tienen fallo con sanción disciplinaria y 4 se han absuelto. Entre los casos más sonados están las investigaciones disciplinarias contra el ex senador y ex embajador en Perú, Jorge Aníbal Visbal Martelo; contra el ex representante Estanislao Ortiz, y varios alcaldes de los municipios de Necoclí, Arboletes, San Pedro de Urabá; contra el ex senador Reginaldo Montes; contra el ex representante Luis Fernando Almario; contra el ex representante a la Cámara Juan Pablo Sánchez; contra el ex senador Guillermo Alfonso Jaramillo y el ex alcalde de Planadas (Tolima), Jhon Jairo Hueje, entre otros.
En etapa probatoria se encuentran los juicios contra el ex concejal del Magdalena Carlos Padilla Peña, el ex representante a la Cámara condenado ya por la Corte Suprema, Alfonso Riaño, el ex senador Habib Merheg, entre otros. Investigados con pliego de cargos por la Procuraduría están el ex gobernador de Caquetá, Juan Carlos Claros y el ex senador Ciro Ramírez, condenado ya por la Corte.
Durante el 2011, el Ministerio Público abrió indagación contra el representante a la Cámara Guillermo Rivera, ponente de la Ley de Víctimas, y el ex gobernador del Putumayo, Carlos Palacios Palacios. Por estos hechos, según lo conoció VerdadAbiarta.com, la Procuraduría ordenó el 31 de octubre del año pasado la apertura de indagación.
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